Petro promulgó ley que cambia la financiación de universidades públicas en Colombia

El Gobierno nacional promulgó la reforma financiera a la Ley 30 de 1992, una modificación que cambia la manera en que se asignan los recursos a las universidades públicas del país y busca corregir un desajuste que, durante más de tres décadas, limitó su crecimiento.

Desde 1992, el presupuesto de las instituciones de educación superior públicas aumentaba cada año de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El problema es que ese indicador refleja el costo de vida general, pero no los gastos propios del sector educativo, como laboratorios, investigación, planta docente o infraestructura.

Con la nueva norma, el aumento de los recursos estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador que reconoce los costos reales de funcionamiento de las universidades. Además, se incorporan recursos adicionales para ampliar cobertura, reducir brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas.

La reforma también establece que la inversión en educación superior crecerá progresivamente hasta alcanzar el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de acercar a Colombia a los estándares de la región.

"La educación superior pública es lo que nos permite tener el cemento de la paz y una nación poderosa descubriendo nuestra propia diversidad. Esa educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva porque una persona que lea no es capaz de matar a otra persona", explicó el presidente Gustavo Petro.

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, señaló que la reforma transforma el modelo de financiación:

"Hoy le cumplimos al movimiento estudiantil y al país. Con la reforma financiera a la Ley 30 de 1992 transformamos el modelo de financiación de la educación superior pública. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, destinamos recursos históricos, muy superiores a los exigidos en las calles, para garantizar que la universidad pública se fortalezca y que ningún joven vuelva a quedar por fuera por falta de dinero. No vamos a retroceder a épocas de persecución ni de silencios forzados: la educación es un derecho, no un negocio, y la juventud es el espíritu del cambio".

Más recursos y ampliación de cobertura

Entre 2023 y 2025 se invirtieron 6,8 billones de pesos en política de gratuidad, pasando de 690.000 a 930.000 estudiantes beneficiados, con el 97 % de los estudiantes de pregrado en universidades públicas con matrícula gratuita.

La inversión total de la Nación en educación superior alcanza cerca de 15 billones de pesos, de los cuales alrededor de 13 billones se transfieren directamente a instituciones públicas. Además, se han comprometido más de 1,67 billones para 104 proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

El Gobierno también destacó el impulso a universidades de carácter étnico y campesino, así como la ampliación de fondos para estudiantes indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, rrom y víctimas del conflicto.

Un cambio estructural

Con la expedición de la Ley 2568 de febrero de 2026, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el país adopta un nuevo modelo de financiación orientado a garantizar sostenibilidad a largo plazo.

Más allá de un ajuste técnico, la reforma busca fortalecer la oferta pública y responder a una demanda creciente de acceso a la educación superior. El reto, ahora, será que los recursos prometidos se traduzcan en mayor cobertura, calidad y permanencia para los estudiantes en todo el territorio nacional.