Docente castigado con destitución por violencia sexual a estudiantes indígenas

La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción ejemplar contra un docente en el departamento de Risaralda, luego de encontrarlo responsable de cometer actos sexuales en contra de varias de sus estudiantes. La decisión contempla la destitución inmediata del cargo y una inhabilidad general por 17 años para ejercer funciones públicas.

El sancionado fue identificado como Maximiliano Queragama Baniama, quien se desempeñaba como profesor en una institución educativa indígena ubicada en el municipio de Pueblo Rico. De acuerdo con el fallo de primera instancia, el docente incurrió en conductas abusivas de manera reiterada entre los años 2020 y 2022, afectando al menos a cinco menores de edad.

Según estableció la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, el profesor se valió de su posición de autoridad dentro del entorno académico para cometer los abusos. La investigación determinó que, además de los actos sexuales, el docente habría expuesto a las estudiantes a material de contenido sexual, agravando la situación y vulnerando gravemente el entorno educativo.

El Ministerio Público señaló que el proceso disciplinario se adelantó bajo un enfoque de género, teniendo en cuenta que las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, consideradas sujetos de especial protección constitucional. Este enfoque permitió analizar el caso con mayor profundidad, reconociendo las condiciones de vulnerabilidad y el impacto diferencial de este tipo de violencias.

En su decisión, el ente de control concluyó que las acciones del docente constituyen una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, es decir, con plena conciencia de la conducta. Asimismo, determinó que se vulneraron derechos fundamentales como la dignidad humana y la integridad sexual de las menores, apartándose de forma absoluta de los deberes que exige la profesión docente.

La sanción implica no solo la salida definitiva del cargo, sino también la imposibilidad de desempeñar funciones públicas durante casi dos décadas, una medida que busca enviar un mensaje contundente frente a este tipo de conductas dentro de instituciones educativas.

Este caso, sin embargo, refleja una problemática más amplia en el país. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, cada día cerca de 50 niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en Colombia. A pesar de la magnitud del fenómeno, la gran mayoría de estos casos no logra una resolución efectiva, lo que alimenta los niveles de impunidad.

Otro aspecto preocupante es que muchas de las agresiones provienen de personas cercanas al entorno de las víctimas, como familiares, vecinos o incluso docentes, lo que dificulta la denuncia y prolonga el silencio. A esto se suma que los procesos judiciales pueden tardar años en resolverse, generando revictimización y afectaciones profundas en quienes sufren estos hechos.

La decisión de la Procuraduría marca un precedente en la protección de menores dentro del sistema educativo, pero también deja en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y justicia para garantizar entornos seguros y libres de violencia para la niñez en Colombia.