ELN impone “condenas” contra policías y miembros del CTI secuestrados: las autoridades colombianas responden

Colombia se encuentra consternada tras conocerse que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) impuso "condenas" de hasta cinco años de "prisión revolucionaria" a dos funcionarios del Cuerpo Técnico (CTI) de la Fiscalía; y de tres años a dos miembros de la Policía, a quienes tienen secuestrados desde el año pasado.

En el comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, se hace mención de los llamados "juicios revolucionarios", herramienta mediante la cual el grupo armado ilegal emite "condenas" bajo sus propias normas, contra funcionarios y ciudadanos que tienen retenidos, justificando su permanencia en cautiverio.

La guerrilla identificó a las víctimas de estas condenas como: Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del CTI secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca (este) y quienes deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente por "pertenecer a un organismo del Estado" al que acusa de cometer "crímenes de lesa humanidad".

De igual forma, se encuentra los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio de 2025. Fueron "condenados" respectivamente a 36 y 32 meses de "prisión revolucionaria", por "los delitos de espionaje y perfidia".

“Se decidió reconocer y descontar el tiempo que los condenados han permanecido privados de la libertad desde el momento de su captura a la fecha como ejecución de la pena". “Igualmente, podrán acogerse a mecanismos de canje humanitario de prisioneros de guerra con el Gobierno Nacional", señaló el portavoz del ELN resaltando que en dichos "juicios" se decidió no condenar "a pena capital" a los secuestrados.

La justicia colombiana responde

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció sobre el anuncio del ELN tachando de "cobarde" el anuncio del ELN y aseguró que esa guerrilla no tiene ninguna legitimidad para ejercer funciones judiciales. "El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico", afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, insistió en que el secuestro está prohibido por el derecho internacional humanitario y recordó que ningún grupo armado ilegal tiene legitimidad para imponer procesos judiciales o condenas.