Emboscada al Ejército en Guaviare: soldados fallecidos y dudas sobre Paz Total

Este domingo 27 de abril de 2025, un devastador ataque sacudió la tranquilidad de la región del Guaviare y puso en evidencia las enormes carencias de seguridad que persisten en zonas donde las disidencias de las Farc mantienen presencia.

El episodio, que según fuentes extraoficiales dejó un balance preliminar de al menos nueve soldados muertos y diez más secuestrados, golpea directamente la confianza en el plan de Paz Total y renueva el debate sobre la efectividad de las estrategias de protección en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR).

Desafíos al proceso de Paz Total

La emboscada fue atribuida a la estructura John Linares del GAO residual Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá. Este grupo, a pesar de participar en las mesas de diálogo con el Gobierno nacional, intensificó sus acciones bajo lo que se conoce como un “plan pistola”, una estrategia de ataques sucesivos contra la fuerza pública, que ya cobró la vida de al menos 18 miembros de las Fuerzas Armadas en otras regiones.

El último ataque en Guaviare demuestra, una vez más, la vulnerabilidad de los uniformados destacados en misiones de seguridad y refuerza el cuestionamiento sobre la capacidad de inteligencia y respuesta rápida en territorios remotos.

Tras el incidente, se activaron unidades de refuerzo: helicópteros de transporte aéreo, pelotones de reacción inmediata y equipos de inteligencia militar fueron desplegados con urgencia para intentar ubicar a los soldados desaparecidos y repeler posibles nuevas agresiones.

Al frente de las operaciones, el general Erick Rodríguez Aparicio y el general Olveiro Pérez lideraron la comisión enviada a San José del Guaviare, donde funciona el puesto de mando de la Brigada 22.

Voces oficiales y reclamos políticos

En el plano institucional, el Ejército hizo un llamado a mantener la firmeza en la defensa de la población civil y a preservar la integridad del territorio nacional.

El procurador general, Gregorio Eljach, urgió al Ministerio de Defensa y a la cúpula policial a reforzar las labores de inteligencia y ampliar los operativos contra los responsables de estos crímenes, en un contexto donde los grupos armados ilegales han aprovechado las brechas de control estatal.

Por su parte, líderes de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal y el concejal Julián Uscátegui, arremetieron contra el Ejecutivo por la falta de un pronunciamiento oficial del presidente Gustavo Petro, cuestionando la supuesta “protección” a las facciones insurgentes mientras los soldados caen en emboscadas mortales.

Este episodio no solo impacta a las familias de los uniformados, sino que vuelve a poner en tensión el frágil equilibrio entre diálogo y seguridad.

En un escenario donde la disidencia se presenta en la mesa de conversaciones mientras sus milicianos disparan contra las tropas, Colombia enfrenta el reto de consolidar un proceso de paz que debe ir acompañado de una estrategia de defensa robusta y de una inteligencia que impida que los terroristas sigan imponiendo su ley en las zonas rurales.