Emergencia económica pende de un hilo y Corte Constitucional definirá su futuro

La suerte del decreto 1390 declarando el estado de emergencia económica por parte del gobierno nacional será definida el próximo jueves 9 de abril por medio de la Corte Constitucional. 

Emitido en diciembre de 2025

El decreto de emergencia económica emitido por el gobierno en diciembre de 2025 tiene como objetivo recaudar dinero para contrarrestar las consecuencias de la ola invernal padecida por ocho departamentos, sin embargo, desde finales del mes de enero, el decreto se encuentra suspendido debido a que los magistrados consideraron serias dudas sobre la legalidad de la medida.

La Corte Constitucional será la encargada de determinar si el gobierno nacional de Gustavo Petro actuó dentro de las normas de la Constitución al utilizar facultades excepcionales o si se excedió en sus atribuciones. 

11 billones de recaudo

La decisión que tome la Corte Constitucional influirá sobre medidas encaminadas a recaudar 11 billones de pesos, entre ellas el IVA para licores del 5 al 19%.

El sector empresarial ha pagado el impuesto al patrimonio que está dirigido a aquellas personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT Unidades de Valor Tributario.

Los gremios económicos esperan que la Corte Constitucional tumbe el decreto debido a que consideran afectaciones a su labor productiva, mientras que los gremios productores de energía asociados en Acolgen también manifestaron su deseo porque la medida de regir. 

El presidente Gustavo Petro se ha ido lanza en ristre contra los gremios económicos que quieren que el decreto de emergencia económica sea tumbado, considerando que no quieren que los pobres logren salir de una difícil situación porque los dineros recaudados, según el mandatario, no son exclusivamente para palear las dificultades propias de las inundaciones, sino también para no permitir que los damnificados por el invierno pasen a engrosar las cifras de pobreza.

Varios detractores

Desde el inicio de la ola invernal en Colombia, el presidente Gustavo Petro manifestó que se deberían buscar mecanismos para poder enfrentarla y que la mejor forma era a través de la decretación de la emergencia económica.

La medida contó desde el principio con acérrimos detractores y cuando el mandatario habló de un aumento en el impuesto a los licores, varios departamentos se declararon en rebeldía, especialmente Antioquia, asegurando que esta determinación perjudicaría la producción de licores haciendo que los colombianos dejaran de consumir y finalmente podría llevar a la desaparición de las empresas licoreras departamentales, cuyas rentas financian en gran parte la salud y la educación en diferentes departamentos del país.