Gobierno Petro anuncia 7 decretos tras declarar emergencia económica en ocho departamentos

Este jueves, 5 de marzo, el Gobierno Nacional compartió las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, decretada por el presidente Gustavo Petro que busca reactivar los sistemas agroalimentarios para garantizar el derecho a la alimentación, establecer alivios para los pequeños mineros y facilitar el acceso al servicio de energía eléctrica.

El decreto También contiene disposiciones en materia de vivienda y hábitat, agua potable y saneamiento básico, recuperación de la red vial y financiación de la infraestructura y dotación de las instituciones de educación superior.

El decreto se aplica en las zonas afectadas de los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

7 decretos de emergencia económica 

• Producción y abastecimiento de alimentos

El Decreto 0212 adopta medidas extraordinarias e indispensables para garantizar y restablecer el derecho a la alimentación adecuada, los sistemas de abastecimiento agroalimentario, las cadenas de suministro y los medios de vida rurales.

La norma faculta al Ministerio del agro para que movilice los recursos que le permitan dirigir de manera articulada el plan de reactivación, mediante programas de adecuación de tierras, recuperación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, reconversión y diversificación productiva de sistemas agroalimentarios y manejo adecuado del agua.

• Alivios a pequeños mineros

Entre las medidas de la emergencia está el Decreto 0213, con el cual el Gobierno busca aliviar la carga económica de los pequeños mineros afectados.

Incluye la suspensión de intereses moratorios en el pago de canon superficiario y regalías durante la emergencia y hasta seis meses después de su finalización. Asimismo, la condonación de intereses y la posibilidad de diferirlos, la suspensión de sanciones administrativas por mora y la prórroga extraordinaria de trámites de formalización o legalización minera. 

• Servicio de energía eléctrica

Por su parte, el Decreto 0214 determina que no habrá facturación del servicio de energía eléctrica a los usuarios afectados por la emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Para el pago del servicio durante el periodo anterior a la declaratoria de la emergencia económica, los prestadores deberán diferir o implementar mecanismos de pago por un plazo de 12 meses.

• Vivienda y hábitat

El Decreto 0215 ordena que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda expedirán actos administrativos que agilicen las intervenciones y la asignación de subsidios.
Los municipios determinarán reubicaciones o reasentamientos de la población. El Minvivienda implementará programas y proyectos para restablecer las condiciones de habitabilidad a las familias damnificadas. 

• Agua potable y saneamiento básico

De otra parte, el Decreto 0228, relacionado con agua potable y saneamiento básico, establece que para conjurar los efectos de la crisis el Gobierno creará un comité especial de atención y podrá celebrar negocios con sociedades fiduciarias. El Minvivienda también queda facultado para destinar rendimientos financieros directamente a atender la emergencia. 

Se autoriza la destinación de recursos del Sistema General de Participaciones para este mismo propósito.

• Recuperación de vías

Mediante el Decreto 0222, el Gobierno estableció medidas extraordinarias para el sector transporte, con miras a intervenir inmediatamente la infraestructura vial afectada por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en varias regiones del país, especialmente en el departamento de Córdoba. 
La medida busca restablecer la conectividad territorial y facilitar la llegada de ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas.

• Financiación de obras y dotación tecnológica en universidades

El Gobierno nacional también expidió el Decreto 0227, mediante el cual habilita al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura y dotación en instituciones de educación superior ubicadas en territorios afectados por la emergencia económica, social y ecológica declarada el pasado 11 de febrero.