En carros de la Unidad Nacional de Protección se paseaban a extranjeros por 200 mil pesos

Luego del escándalo que produjo la incautación de droga en el interior de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, otro hecho que pone en entredicho el funcionamiento del organismo ha sido denunciado, y se trata, de que se habrían hecho ‘tures’ a ciudadanos extranjeros en vehículos de la entidad con el cobro de una tarifa especial.

De acuerdo con un audio que fue conocido por el diario de la ciudad de Medellín, El Colombiano, un funcionario de la UNP se comunica con otra persona y le informa que llevará a un turista mexicano a dar un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad de Bogotá y alrededores por 200 mil pesos.

Según la conversación, la esposa del funcionario identificado como Francisco Torres Luna, trabaja en Uber y le envió la información, además en un fragmento de la misma, los interlocutores hablan de un paseo que les fue dado a una pareja de brasileros por 250 mil pesos.

Un aspecto que llama la atención de la conversación es que, entre risas, Francisco Torres Luna, presuntamente uno de los interlocutores, le dice a otra persona que por el costo de la gasolina no hay problema, porque como el vehículo es da la UNP, la entidad es la que se encarga de pagarlos.

“Yo lo llevo a Guadalupe en carro para que se tome fotos y ojalá esté haciendo un día que se vea Bogotá bien bacano; de ahí me lo llevaré a La Calera y bajar un momentico hasta Choachí que no tiene peaje, y me lo puedo llevar hasta Cajicá o hasta Zipaquirá para que él pague el peaje”, dice una parte del audio.

Cuando Francisco Torres Luna fue interrogado por el diario El Colombiano, este negó ser la persona que aparece conversando por teléfono con otra por teléfono, también afirmó que su esposa no trabaja en Uber y que él no puede conducir vehículos de la Unidad Nacional de Protección, porque debido a una ‘situación personal’, cayó en un retén de la Policía y no puede manejar.

La situación personal que indica Torres Luna da cuenta de que en 2019 fue detenido por conducir en estado de embriaguez y su licencia fue suspendida, el comparendo que le fue impuesto al funcionario, según el Simit, es de casi 10 millones de pesos, valor que aún no ha sido cancelado y al que se le han sumado cobros de intereses.

El funcionario desmintió que en la UNP trabajen junto con él varios de sus familiares, pero sí acepto que una hija labora en condición de prestadora de servicios para la entidad.