En La Guajira, la Fiscalía ocupó bienes de presuntos implicados en hechos de corrupción

El pasado domingo 22 de mayo, autoridades informaron que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 2 inmuebles rurales y 12 urbanos los cuales harían parte del patrimonio de los supuestos responsables de actos de corrupción en La Guajira.

A través de un comunicado, la entidad informó que los activos pertenecerían a un exalcalde de Manaure y al Gerente Financiero de una Institución Prestadora de Salud Indígena, quienes estarían vinculados con actos de corrupción cometidos con ocasión de la celebración del contrato interadministrativo 005 de 2015, suscrito entre la Alcaldía de Manaure y la IPSI Indígena el 24 de junio de 2015, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, por un valor de 8.000 millones de pesos.

Según la Fiscalía, los bienes estarían avaluados en 2.800 millones de pesos y fueron ocupados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Riohacha, Maicao y Manaure (La Guajira); y en Barranquilla y Soledad (Atlántico), apoyados por el Gaula del Ejército Nacional.

Con lo anterior, mencionan que durante la investigación penal, se estableció que en el proceso de contratación se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación, los cuales dejarían en evidencia el delito cometido.

Así mismo, se presume que el contratista fue seleccionado con antelación y se desconoció que no contaba con capacidad para ejecutar las actividades encomendadas ni tenía autorización para prestar servicios de salud en zonas rurales.

Posteriormente, el material de prueba demostró que en efecto se hicieron cobros excesivos de medicamentos, es decir, reflejaba sobrecostos y otros actos irregulares que generaron un detrimento superior a los 2.800 millones de pesos.

En ese sentido, la Directora Especializada de Extinción del Derecho Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra, a través de un video, confirmó que frente a los hechos ocurridos, se impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre inmuebles que harían parte del patrimonio de presuntos responsables de corrupción.

Finalmente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados, por lo que se espera que las autoridades informen sobre el transcurso de la investigación, el futuro judicial de este hecho delictivo y lo que sucederá con estos terrenos, puesto que no es la primera vez que un funcionario comete este tipo de delitos en la región.