Lo último: ratifican condena de 6 años de cárcel para exmagistrado Jorge Pretelt

En la noche de este viernes 5 de mayo, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 6 años de cárcel a Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, exmagistrado de la Corte Constitucional, por el delito de concusión. 

Es así que, hacía las 7:30 de la noche, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo su captura en el municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba. El ex funcionario deberá responder por su participación en el caso de corrupción y soborno, por favorecer o ayudar a la firma Fidupetrol en el trámite de una tutela que llegó a su despacho en la Corte. 

“La Corte Suprema ratifica condena y ordena captura contra exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt... Al ordenar su captura como responsable del delito de concusión, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 6 años y medio de prisión”, indica el documento.

El hombre, quien permanece retenido por las autoridades, será trasladado en las próximas horas a Bogotá para responder por el delito cometido en 2013 al solicitar $500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco Restrepo para que la tutela presentada por Fidupol fuera seleccionada por el alto tribunal para tumbar una millonaria multa en su contra. 

“Para sacar airosa una acción de tutela promovida por FIDUPETROL contra un fallo dictado en su contra por la Sala de Casación Penal, que le obligaba a pagar a favor de la Gobernación del Casanare, $22.500'000.000 más intereses del 10,5% anual”, señala el documento. 

De acuerdo con lo manifestado por la Corte, el encuentro para dicha “negociación” se llevó a cabo en el apartamento del magistrado en la ciudad de Bogotá, antes de asistir a una reunión en el Club El Nogal organizada por Pretelt a la cual estaba invitado Pacheco.

La decisión adoptada por unanimidad, contó con la participación de cuatro conjueces y ratifica la sentencia en una cárcel que fue impuesta por la Sala de Primera. Sin embargo, modifica la pena de multa, fijándola en 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos, también reduce la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de 64 meses y 15 días.