¿Extorsión y contrabando en la DIAN? Fiscalía judicializa a 4 funcionarios en La Guajira.

Cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en La Guajira fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con extorsiones a una empresaria y favorecimiento de redes de contrabando.

Según la investigación, tres de los procesados habrían utilizado sus cargos para presionar a la representante legal de una clínica especializada en salud mental, tras detectar supuestas irregularidades tributarias durante procesos de fiscalización.

Los hoy procesos fueron identificados como Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero.

De acuerdo con el ente acusador, los funcionarios le habrían solicitado 100 millones de pesos a cambio de no imponer sanciones económicas que superarían los 1.500 millones de pesos. Ante la negativa de la empresaria, presuntamente se adoptaron medidas en su contra, entre ellas embargos a cuentas bancarias, requerimientos reiterados y actuaciones administrativas que afectaron la actividad de la compañía.

“Los elementos materiales probatorios indican que la empresaria no desembolsó la suma solicitada y en retaliación fue afectada con embargos a las cuentas bancarias, requerimientos reiterados y expedición de actos administrativos en su contra. La Fiscalía documentó, al menos, seis reuniones entre los señalados implicados y la víctima, en dos de las cuales presuntamente hicieron peticiones de dinero”, detalló la Fiscalía.

Señalan a uno de los funcionarios de favorecer redes de contrabando

Las investigaciones también involucran a otro funcionario de la entidad, quien fue identificado como Erwin Yasser Escudero Rondón, y quien es señalado de colaborar con una organización dedicada al contrabando en la región Caribe. 

Según las autoridades, “se le atribuye la devolución de mercancía aprehendida por las autoridades y favorecer el tránsito de productos que ingresaban de manera ilegal al país a cambio de dádivas”.

Los investigadores identificaron siete episodios en los que, presuntamente, se habrían manipulado procedimientos oficiales para favorecer a estructuras criminales dedicadas al contrabando, incluyendo supuestas alteraciones en resultados de operativos e incautaciones.

Los cuatro funcionarios fueron capturados en Riohacha y posteriormente presentados ante un juez de control de garantías.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

El proceso judicial continuará mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las presuntas conductas irregulares y determinar posibles responsabilidades.