"Imposible defenderme": Fiscalía aplaza audiencias de indagatoria contra Álvaro Uribe

La Fiscalía General de la Nación reprogramó para agosto la diligencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación que adelanta por los hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la presunta conformación de un grupo paramilitar.

Inicialmente, la diligencia estaba prevista para el 24 de julio. Sin embargo, tras una solicitud presentada por la defensa del exmandatario, el ente investigador decidió modificar el cronograma y fijó tres jornadas consecutivas para los días 18, 19 y 20 de agosto, todas a partir de las 9:00 de la mañana.

La decisión se conoce semanas después de que Uribe manifestara públicamente su inconformidad con el proceso y cuestionara la actuación de la Fiscalía. El exmandatario aseguró que no contaba con las garantías suficientes para preparar su defensa y señaló que aún existían pruebas pendientes por practicar dentro del expediente.

Desde que fue notificado del llamado a indagatoria, el líder del Centro Democrático ha insistido en que el proceso responde a una persecución política y ha rechazado cualquier vínculo con los hechos que son materia de investigación. Además, ha reiterado que nunca ordenó ni participó en acciones criminales durante su paso por la Gobernación de Antioquia o la Presidencia de la República.

La investigación que enfrenta el expresidente

La Fiscalía investiga la posible responsabilidad de Álvaro Uribe en hechos ocurridos entre 1996 y 1998 en Antioquia. El proceso incluye las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas por grupos paramilitares, así como el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Dentro del expediente también se analiza la presunta conformación y apoyo a una estructura armada ilegal que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría operado desde la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe durante esa época.

En la diligencia de agosto, el exmandatario deberá responder por los señalamientos relacionados con los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.

La masacre de La Granja ocurrió en 1996 y dejó cuatro personas asesinadas, además del desplazamiento de decenas de habitantes. Un año después, en El Aro, fueron asesinadas 15 personas en otro de los episodios más recordados del conflicto armado en Antioquia.

Juristas expresan preocupación por el proceso

Tras conocerse el llamado a indagatoria, el denominado Grupo de los 38, integrado por reconocidos abogados y juristas colombianos, publicó un pronunciamiento en el que manifestó inquietudes sobre el desarrollo del proceso judicial.

En el documento, el colectivo afirmó que cualquier actuación debe garantizar plenamente principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la igualdad de condiciones entre las partes.

Los juristas señalaron que les preocupa que la vinculación formal del expresidente se produzca después de varios años de investigaciones sobre estos hechos y que, según indicaron, aún existirían solicitudes probatorias formuladas por la defensa que no habrían sido resueltas.

También plantearon interrogantes sobre la reapertura de líneas investigativas que en el pasado habían sido archivadas por otras administraciones de la Fiscalía, al tiempo que hicieron un llamado para que todas las decisiones dentro del proceso se fundamenten exclusivamente en criterios jurídicos y probatorios.

Con el aplazamiento concedido, la defensa de Álvaro Uribe dispondrá de varias semanas adicionales para preparar la diligencia que se desarrollará durante tres días consecutivos en agosto, dentro de uno de los procesos judiciales más relevantes que enfrenta el expresidente colombiano.