“Eso está desvirtuando”: la defensa de Álvaro Uribe ante la controversia del helicóptero en El Aro
El expresidente Álvaro Uribe Vélez desmintió el uso de helicópteros oficiales en la masacre de El Aro en medio de su llamamiento a indagatoria.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez desmintió el uso de helicópteros oficiales en la masacre de El Aro en medio de su llamamiento a indagatoria.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a poner sobre la mesa su defensa frente a uno de los expedientes más complejos de su trayectoria política: la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia.
En un reciente pronunciamiento a través de sus redes sociales, el exmandatario desmintió enfáticamente la versión que ha circulado durante años sobre el presunto uso de una aeronave de la Gobernación de Antioquia para apoyar o facilitar la incursión paramilitar que dejó 17 campesinos asesinados y cientos de desplazados.
El exgobernador sostiene que la participación de un activo oficial en la masacre de El Aro es una falsedad que ha sido "desvirtuada" por el control técnico de las bitácoras de vuelo de la época.
Según Álvaro Uribe, la transparencia del uso del helicóptero está garantizada por dos factores clave: primero, la independencia operativa del Servicio Aéreo de Salud, entidad que manejaba la aeronave, y segundo, la idoneidad de los pilotos, quienes, según el exmandatario, eran funcionarios de carrera que venían prestando sus servicios desde las administraciones anteriores de Gilberto Echeverri y Juan Gómez.
“Falso que el helicóptero de la Gobernación de Antioquia hubiera volado sobre el Aro al momento de la masacre. Eso está desvirtuado por el control técnico de la ruta de vuelo del aparato (Bitácora). Sus pilotos, que venían de las gobernaciones de Gilberto Echeverri y Juan Gómez, han declarado en todas las instancias desde 1998. El helicóptero era manejado con independencia por el Servicio Aéreo de Salud”, escribió.
Con esta declaración, el expresidente Uribe busca desacreditar la narrativa de que la Gobernación bajo su mando tuvo algún rol logístico en la masacre ejecutada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un contexto marcado por la confrontación judicial
Este pronunciamiento ocurre en un momento crítico para el exmandatario, quien recientemente ha sido llamado a indagatoria por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en este caso y otros hechos, bajo cargos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
La defensa de Álvaro Uribe se enfrenta a los testimonios de exjefes paramilitares, como Salvatore Mancuso, quien ha señalado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Uribe habría tenido conocimiento de la operación militar en El Aro, supuestamente solicitada para recuperar secuestrados y realizar acciones contra la guerrilla.
Estas declaraciones han sido negadas sistemáticamente por el expresidente, quien asegura ser víctima de una persecución judicial y política.
El caso de la masacre de El Aro, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un episodio trágico del conflicto armado que también involucra el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien denunció en su momento la complicidad de autoridades regionales con grupos paramilitares.
A pesar de los años transcurridos, la Fiscalía continúa recabando pruebas para determinar si existió una omisión o una participación activa de la administración departamental de 1997.