Por: Stephanny Pinzón • Colombia.com

Red de corrupción en la que se habrían desviado $500.000 millones que debían ser implementados en la Paz

A través de una investigación, se habría podido evidenciar que funcionarios y congresistas se terminaron beneficiando con cerca de $500.000 millones destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.

Dos personas se estrechan la mano. Foto: Pixabay
Dos personas se estrechan la mano. Foto: Pixabay

A través de una investigación, se habría podido evidenciar que funcionarios y congresistas se terminaron beneficiando con cerca de $500.000 millones destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.

En Blu Radio, los periodistas Sebastián Nohra y Valeria Santos revelaron una investigación en la que se evidenciaría que a través de una red de corrupción, presuntamente se habrían robado casi $500.000 millones de recursos que estaban destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. 

Según lo han dado a conocer en la última semana, en el entramado de corrupción, mientras Luis Alberto Rodríguez estuvo al frente de la Dirección Nacional de Planeación, funcionarios de la entidad, miembros de Contraloría General de la República (CGR), de la Dirección Nacional de Planeación e incluso algunos congresistas en su mayoría del partido Conservador, habrían participado para ganar una buena tajada de ese dinero. 

Al parecer, todos estos se habrían beneficiado de la millonaria suma de dinero a través de coimas de las regalías que por ley estarían destinadas a la implementación del acuerdo. De acuerdo con la información publicada en el medio de comunicación, todo habría sucedido a través del siguiente mecanismo:

Primero, según lo comentó la periodista Santos, con el agravante de ese monto, se habría logrado que durante el actual gobierno, se terminara adelantando el presupuesto de regalías de los próximos 10 años, así se los habría dado a conocer el Comisionado Emilio Archila, quien era el presidente del OCAD-PAZ.

En ese sentido, es preciso mencionar que, el OCAD-FCTeI es el Órgano Colegiado de Administración y Decisión que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos del FCT eI del Sistema General de Regalías. 

Está conformado por tres vértices: Gobierno Nacional, Departamental y Universidades. Las decisiones del OCAD se adoptan con un mínimo de dos votos favorables.

Conforme a la investigación, el OCAD-PAZ entregó 4.4 billones en el 2021 para los municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sin embargo, el criterio de asignación habría estado mediado, según testimonios de alcaldes (algunas grabaciones publicadas por los periodistas), por coimas para algunos funcionarios que podían incidir en el proceso de viabilización.

De acuerdo con las averiguaciones, los implicados serían: Álvaro Ávila, director de regalías del DNP, del Partido Conservador, según las fuentes que tendían los periodistas, estaría exigiendo para viabilizar los proyectos hasta un 5% de su valor.  Ávila lo nombró Luis Alberto Rodríguez, su coterráneo y copartidario del Partido Conservador.

Además, Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz, contralor para el posconflicto y para las regalías, nombrados por Felipe Córdoba, cobrarían el 2% de comisión para conceptuar favorablemente los proyectos. Adicionalmente, Valeria Santos sostuvo lo siguiente:

"Los testimonios recopilados mostraron que para lograr la viabilización de un proyecto en el OCAD-Paz, debía llegar apadrinado por un Congresista para el visto bueno del sector, quienes también cobrarían entre el 5% y 12% del valor del proyecto (...) Se gastaron todos los recursos del ocad paz en el 2021 y premiaron a los municipios del departamento del César mientras que los de Guanía y Putumayo por ejemplo recibieron muy pocos recursos."

Finalmente, la profunda investigación tomó gran relevancia por la gravedad de las denuncias, pues cabe resaltar que durante el gobierno de Iván Duque, muchos lo han caracterizado por su falta de compromiso con la paz y no solo eso, sino otras denuncias de corrupción, como fue el caso de Centros Poblados en el que presuntamente se perdieron $70 mil millones.