Por: María Andrea Suárez • Colombia.com

Contraloría y Gobernación de Antioquia, víctimas en caso contra Sergio Fajardo

Este reconocimiento les permite estar en la audiencia, así como hacer preguntas a los testigos del caso y enviar sus conceptos ante los alegatos de conclusión.

Sergio Fajardo. Foto: Gobernación de Antioquia
Sergio Fajardo. Foto: Gobernación de Antioquia

Este reconocimiento les permite estar en la audiencia, así como hacer preguntas a los testigos del caso y enviar sus conceptos ante los alegatos de conclusión.

Como víctimas en el caso contra el precandidato Sergio Fajardo por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fueron declaradas la Contraloría General de la Nación y la Gobernación de Antioquia. 

La Fiscalía acusará a Fajardo ante la Corte Suprema por los cargos mencionados por un contrato firmado durante su período como gobernador de Antioquia, en 2013. 

Por su parte, la magistrada que lleva el caso, Blanca Barreto, señaló que la función de la Contraloría es proteger y ejercer control sobre los bienes estatales, así como tener “la facultad de intervenir en procesos por delitos contra la administración pública”.

De igual manera, afirmó que la seccional de Antioquia del organismo de control tiene en su poder documentos de la deuda adjudicada, así como la auditoría hecha a la misma y permitiendo que sean analizadas fiscalmente. Por tanto, está legitimada. 

El reconocimiento de ambas entidades como víctimas en el proceso les permite estar en la audiencia, así como hacer preguntas a los testigos del caso y enviar sus conceptos ante los alegatos de conclusión.

El caso 

De acuerdo con la Fiscalía, Fajardo habría firmado un contrato de empréstito o préstamo con la entidad bancaria Corpbanca por 77 millones de dólares, sin tener los estudios para hacerlo bajo una moneda extranjera, ni proyección de la volatilidad del dólar.

En ese orden de ideas, determinó que el exmandatario, en su calidad de gobernador de Antioquia, “vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato suscrito en representación del departamento de Antioquia, como contratante, y las entidades Banco Corpbanca Colombia S.A. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), como contratistas, cuyo objeto era otorgar un empréstito por la suma de noventa y ocho millones de dólares (USD $98.000.000) con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante”.

De acuerdo con la Fiscalía, “el entonces gobernador, conforme al 'Manual de Contratación del departamento de Antioquia', tenía asignada la competencia y obligación jurídica de realizar una evaluación razonada y técnica, con el acompañamiento del Comité Financiero y de Tesorería Departamental, previo al trámite y celebración de la operación de crédito público sobre una línea de redescuento en dólares de Findeter S.A., sobre aspectos fundamentales, tales como la forma de financiamiento, las diferentes alternativas del mercado, así como la conveniencia financiera y fiscal de la operación. Actuaciones que no fueron realizadas por Fajardo, dentro de los parámetros de la ley de contratación estatal”.

La investigación también determinó que “en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional, sin embargo, realmente se vino ejecutando, sin justificación alguna, en dólares americanos, consecuentemente, se trató de un crédito público externo y no interno, que según el Decreto 2681 de 1993, requería para su celebración de concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Finalmente, el ente acusador concluyó que “la ejecución del contrato produjo un daño patrimonial, que representó la cuantía de la apropiación en favor del contratista, en suma de $98.433.870.402.oo, a corte día 31 de diciembre de 2015, fecha de finalización del período del doctor Sergio Fajardo”.

En su momento, Fajardo dijo que “adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible y en 2013, que firmé el contrato por el que se me acusa, cumplí con todos los requisitos de ley. Espero que el Fiscal no modifique nuevamente sus argumentos y la Corte le ordene entregar las pruebas que dice tener en mi contra, pues pese a nuestra insistencia, ha sido imposible lograr que la Fiscalía las comparta”.

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