Gobierno firma ley que elimina beneficios penales a condenados por feminicidio

En medio de la indignación que une a Colombia por los recientes casos de feminicidio, este viernes, 31 de mayo, se dio a conocer que el Gobierno Petro sancionó una ley que buscaría ponerle fin a todo tipo de beneficio penal para quienes hayan sido condenados por feminicidio o estén detenidos preventivamente como sospechosos de ese tipo de casos.

Las plenarias del Congreso de la República aprobaron el informe de conciliación del proyecto de ley 050/22C-329/23S, que eliminará los beneficios y subrogados penales para las personas que sean condenadas o estén cumpliendo detención preventiva por feminicidio. 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, sancionaron esta ley ya aprobada por el Congreso y que retira todos los beneficios penales, como la condicional, la prisión domiciliaria o la reducción de penas por colaboración cuando el delito del acusado o condenado sea el feminicidio.

“Se trata de una ley que retira beneficios y subrogados penales por casos de feminicidios; si bien esos beneficios ya estaban severamente restringidos, ahora se restringen aún más", explicó este viernes el ministro Osuna en medio de una rueda de prensa.

La ley sancionada tiene cuatro artículos, entre ellos se encuentra el que establece que, quienes han sido imputados y están bajo detención preventiva en establecimientos carcelarios bajo el cargo de feminicidio, no podrán cumplir su detención en casa.

Siendo así, las personas condenadas por este delito, además de haber perdido beneficios como las salidas de 72 horas o la detención domiciliaria cuando hubieran cumplido la mayor parte de la pena, van a perder también otros beneficios, por lo que tendrán que hacer "el cumplimiento completo de la pena en cárcel", aseguró Osuna.

Según el texto final, “no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena; prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; no habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley. Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos como […] feminicidio simple o agravado”.