¿En qué quedó la parranda de Itagüí? El Gobierno traslada a implicados y refuerza seguridad
El Gobierno reforzó el control en la cárcel de Itagüí tras hechos ocurridos en abril y el traslado de otro interno mientras avanzan las investigaciones.
El Gobierno reforzó el control en la cárcel de Itagüí tras hechos ocurridos en abril y el traslado de otro interno mientras avanzan las investigaciones.
El Gobierno nacional, bajo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, ha tomado medidas para retomar el control de la Cárcel La Paz de Itagüí. La decisión más reciente fue el traslado inmediato de Paulo Andrés Torres Flórez al establecimiento penitenciario de Girón, Santander.
Traslado del interno
“Por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se trasladó desde la Cárcel y Penitenciaría La Paz, con sede en Itagüí, al establecimiento carcelario de Girón, a Paulo Andrés Torres Flórez, por su presunta participación en los hechos del pasado 8 de abril”, detalló el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.
A raíz de los hechos ocurridos en abril, la Procuraduría General de la Nación tomó el mando de las investigaciones, vinculando formalmente a 13 funcionarios, entre directivos y personal de custodia y vigilancia. Incluso, el director encargado del penal fue removido de su cargo mientras avanzan los procesos.
Para evitar que se repitan situaciones de desorden, el Gobierno implementó un nuevo esquema de vigilancia de alta tecnología: se instalaron 36 cámaras de última generación que cuentan con infrarrojo y capacidades de inteligencia artificial para monitorear en tiempo real cada rincón del penal.
El INPEC ha realizado requisas que permitieron la incautación de licores, celulares, memorias USB y otros elementos prohibidos que circulaban dentro del centro penitenciario.
Refuerzo de controles y suspensión de diálogos
El INPEC endureció los controles y estableció un esquema reforzado de vigilancia. En ese sentido, se ordenó una supervisión estricta sobre el proceso de paz urbana que se adelanta en la cárcel. Ahora habrá reportes semanales, revisión rigurosa de alimentos y un monitoreo permanente de todas las reuniones y visitas.
Como consecuencia directa de este escándalo, el Gobierno mantuvo la decisión de suspender los diálogos con la mesa sociojurídica. Esta medida seguirá vigente hasta que las autoridades competentes esclarezcan lo sucedido y se garantice que ningún espacio de diálogo se desarrolle por fuera de la legalidad y la disciplina penitenciaria.
Finalmente, desde el Ministerio de Justicia se explicó que “a medida que avanzaron las investigaciones y se recopiló nueva información sobre los hechos, comenzaron a adoptarse decisiones disciplinarias, operativas y administrativas que derivaron en el traslado del interno señalado, medida que hoy se informa al país mientras continúan las actuaciones correspondientes”.