Guerrilla convirtió barrios y veredas en espacios de guerra: Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad en su informe final, que pretende esclarecer causas del conflicto armado en Colombia es medio siglo, presentó un documento que tiene que ver con las responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos por parte de las guerrillas y organizaciones insurgentes en el país.

De acuerdo con el informe, las diferentes organizaciones guerrilleras son responsables en tomar determinaciones de carácter político y estratégico que llevaron a una expansión de su violencia en el territorio nacional.

“Todas las guerrillas consideraron en algún momento que se estaban dando las condiciones para una insurrección general de las mayorías en Colombia, y fue esta argumentación la que terminó justificando y encubriendo las actuaciones cada vez más amplias que sufrió la sociedad colombiana por causa de su violencia”, concluye el documento de la Comisión de la Verdad.

El documento indica que las guerrillas convirtieron barrios, veredas y comunidades en espacios de guerra y también aplicaron la política del “todo vale” para ganar la guerra y por eso se involucró con el narcotráfico.

“El todo vale para ganar la guerra llevó al involucramiento con el narcotráfico y don del desprecio por la vida de la gente considerada parte del enemigo fue parte de su modus operandi”, destaca la Comisión de la Verdad.

En el reporte también se indica que a pesar de la masificación de la violencia guerrillera y de los constantes abusos a los derechos humanos no se implementaron políticas que pudiesen detener las constantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario DIH.

“En los años de mayor confrontación armada, las guerrillas, pero especialmente las Farc-Ep y el ELN, usaron métodos y medios prohibidos como las minas antipersonales o los llamados cilindros bomba que terminaron afectando indistintamente a civiles y combatientes con muertes de pobladores de todas las edades”, señala el informe.

El informe señala que las guerrillas, especialmente las Farc-Ep implementaron una política de secuestrar policías y militares para presionar un canje por guerrilleros detenidos en diferentes cárceles del país.

Señaló además los secuestros y asesinatos de líderes políticos, congresistas, gobernadores, alcaldes, y miembros de asambleas departamentales y concejos municipales, y también que los grupos guerrilleros “son responsables por haber supeditado su relación con la población civil al cumplimiento de resultados en el campo militar”.

El informe menciona que las guerrillas cometieron asesinatos de personas que estaban fuera de combate, mantuvieron a los secuestrados en condiciones que constituyen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en varios casos las asesinaron por querer escapar o ante la inminencia de un rescate por las fuerzas militares.

El informe da cuenta de la responsabilidad que tuvieron las guerrillas en el reclutamiento de menores “que no estaban en condiciones de decidir (…) y se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y grave desprotección social del Estado y la sociedad". El informe también dice que las guerrillas practicaron fusilamientos en contra de la población civil o de sus propios miembros acusados de pertenecer al bando enemigo.

Finalmente, el informe indica que los grupos armados que surgieron después de los procesos de desmovilización son responsables de la continuidad de la guerra en muchos territorios con gran impacto en la población civil.