Tras suspensión de Daniel Rojas, Petro ordena hacer valoración inmediata de Triple A

El pasado viernes 10 de febrero, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión por tres meses del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, por la investigación del caso de la Triple A.

El funcionario es investigado por el posible incumplimiento del contrato para vender el 82,2% de las acciones de la Triple A.

De acuerdo a lo comunicado por la Procuraduría, la decisión de suspender por tres meses a Daniel Rojas se hizo “con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público”.

Tras darse a conocer la suspensión de Rojas, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde su cuenta de Twitter expresando su apoyo hacia el funcionario.

“Hoy procesan a un joven funcionario porque con valentía enfrentó la corrupción en una de las cloacas de la politiquería: la agencia que maneja los bienes de la mafia incautados. Ese joven marca el verdadero camino de las alternativas políticas".

Así mismo, Petro ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos hacer una valoración inmediata de la empresa Triple A, para saber si las acciones de esta se vendieron por debajo de su precio real.

"He ordenado bajo mis funciones constitucionales a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa Triple A de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor", publicó Petro en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que las acciones de Triple A se encuentran actualmente en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de que en 2018 fueran sometidas a un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía

La expropiación de las acciones de Triple A ocurrió cuando se llevaba a cabo un proceso de colaboración de la Fiscalía con la justicia española en la investigación por el escándalo denominado "Operación Lezo", por el pago de coimas y comisiones por el que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.