Iglesia católica en la mira: condena histórica por abuso y orden de revelar casos

Una decisión judicial volvió a poner en el centro del debate a la Iglesia católica en Colombia, luego de que se conocieran dos fallos clave que abordan casos de abuso sexual y el acceso a la información sobre estos delitos. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia condenó a los sacerdotes Jaime Alonso y Carlos Vásquez por abusar durante 16 años de Francisco Bohórquez, un caso que evidenció graves fallas en el proceso judicial y que terminó reconociendo la validez del testimonio del sobreviviente.

Según el alto tribunal, los hechos se extendieron por más de una década y media, lo que dejó al descubierto no solo la magnitud del daño, sino también una cadena de errores que retrasaron la justicia. El testimonio de la víctima fue determinante, especialmente al señalar que el último abuso ocurrió cuando uno de los implicados ya ejercía funciones públicas como congresista.

En paralelo, la Corte Constitucional emitió la Sentencia SU-184 de 2025, en la que ordenó a organizaciones religiosas entregar información sobre sacerdotes presuntamente involucrados en casos de violencia sexual contra menores. La decisión favorece a los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes durante años enfrentaron obstáculos para acceder a estos datos.

El alto tribunal determinó que la iglesia vulneraron derechos fundamentales al no responder de manera clara y completa a las solicitudes de información. Además, dejó en claro que no toda la información en poder de las iglesias es reservada y que debe ser entregada cuando exista interés público, especialmente en casos relacionados con posibles abusos a niños, niñas y adolescentes.

Tras conocerse la decisión, la Conferencia Episcopal de Colombia manifestó que acatará el fallo, aunque señaló que primero analizará su alcance jurídico. En su pronunciamiento, aseguró que rechaza cualquier forma de abuso y reiteró su compromiso con las víctimas, incluyendo procesos de reparación integral.

Sin embargo, la respuesta generó críticas. El periodista Juan Pablo Barrientos afirmó que no hay margen para interpretaciones y que la Iglesia debe cumplir de inmediato con lo ordenado por la Corte. A su vez, el excongresista Mauricio Toro cuestionó la falta de transparencia histórica en estos casos y respaldó el trabajo investigativo que permitió avanzar en la visibilización del problema.

Estos fallos marcan un precedente en Colombia al combinar sanciones penales con medidas orientadas a la transparencia institucional. Más allá de las condenas individuales, las decisiones judiciales reabren el debate sobre la responsabilidad de las organizaciones religiosas en la protección de menores y en la entrega de información clave para evitar la impunidad.

El caso también pone sobre la mesa la importancia del periodismo investigativo y el papel de la justicia en garantizar el acceso a la verdad, en un tema que durante años permaneció oculto y que hoy exige respuestas claras tanto para las víctimas como para la sociedad.