Inicia embargo de bienes a Emilio Tapia debido a escándalo por contrato MinTIC

La Contraloría General de la República anunció que ya se decretaron medidas cautelares contra los bienes de los implicados en el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, en donde se dio un anticipo por 70.000 millones de pesos.

En el proceso se encuentran involucrados tanto empresarios y contratistas, como los que tramitaron la garantía bancaria falsa con la que habrían sustentado los requisitos financieros que se pedían para poder estar dentro de la licitación y poder ganar el contrato para construir 700 centros digitales en colegios rurales del país.

“Por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más $70 mil millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados, la Contraloría General de la República vinculó formalmente al proceso fiscal que adelanta por estos hechos a los señores Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara”, indicó la contraloría.

Durante diciembre del 2020, momento en el que se adjudicaba la licitación para el proyecto que pretendía llevar Internet a los colegios públicos de todo el territorio nacional, sin embargo, muchos dudaron de la ejecución y de cómo se estaba llevando a cabo el asunto.

Al parecer, las sospechas no resultaron falsas, pues un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela que hizo que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, suspendiera uno de los procesos que ya se encontraba en marcha, debido al escándalos por unas supuestas garantías falsas dentro de un contrato que adjudicó en diciembre del año pasado por un costo de $1.07 billones de pesos.

El banco al enterarse del escenario decidió pronunciarse y notificarle al MinTIC que de su parte no había sido expedido ningún documento de garantía y pidió que se iniciara un proceso penal. Desde entonces han salido a la luz los presuntos implicados y cómo cada uno de ellos intervino en el proyecto para lograr obtener los 70.000 millones de pesos que fueron desembolsados desde el MinTIC como un anticipo para iniciar la obra.