Fiscalía desmantela red que vendía vehículos incautados en Sucre y Cesar

La Fiscalía General de la Nación dio un duro golpe a una red delincuencial dedicada al hurto de vehículos inmovilizados en medio de procesos judiciales, que luego eran vendidos a terceros sin conocimiento de su origen. Las investigaciones apuntan a que los integrantes de esta organización habrían creado sociedades comerciales como fachada para operar en dos parqueaderos en Sincelejo, departamento de Sucre.
 
En estos lugares recibían los automotores afectados judicialmente, sin contar con la autorización legal correspondiente. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recabados por la Fiscalía, una vez los vehículos quedaban bajo su control, los presuntos responsables se apropiaban de ellos y los vendían a ciudadanos que los adquirían de buena fe.

Se estima que la red habría obtenido beneficios económicos ilegales, presuntamente sobre al menos 13 vehículos, que se encontraban bajo medidas judiciales en distintos municipios de Sucre y Cesar.

Capturas y judicialización

En la primera fase de la investigación, las autoridades lograron la captura de cuatro personas en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en conjunto con la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional. Los detenidos fueron:

• William Enrique Hernández Surmay
• José de Jesús Pérez Martínez
• Erwin David Lamadrid Méndez
• Tony Alfonso Gutiérrez Arias

Adicionalmente, Carlos Enrique Campo Salina se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, sumándose al proceso judicial. Tras su presentación ante un juez penal de control de garantías y un fiscal de la Seccional Sucre se les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Tres de los implicados aceptaron los cargos y todos deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliario, como parte de las acciones cautelares ordenadas.

Funcionamiento de la red

Según la investigación, la estructura delictiva se articulaba mediante la creación de sociedades comerciales para dar apariencia legal a la recepción y custodia de los vehículos. Los parqueaderos servían como puntos de almacenamiento de los automotores inmovilizados, lo que facilitaba su apropiación ilícita. Posteriormente, los bienes eran comercializados a terceros interesados que desconocían el origen ilegal de los vehículos.

La Fiscalía continúa adelantando las indagaciones para determinar si habría más personas implicadas en la red y si existen otros vehículos afectados por esta misma modalidad delictiva, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos que compraron los automotores sin saber su procedencia.