Investigación disciplinaria: Procuraduría indaga licitación de pasaportes en la Cancillería

En una tarde marcada por la tensión, un grupo especial de la Procuraduría General de la Nación llevó a cabo una inspección en las oficinas de la Cancillería el lunes 11 de diciembre. Esta acción forma parte de la investigación disciplinaria dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por posibles irregularidades en la licitación del contrato para la expedición de pasaportes, valuado en cerca de 600 mil millones de pesos.

Durante más de una hora, los funcionarios de la Procuraduría recolectaron pruebas relacionadas con el cuestionado proceso licitatorio, que finalmente fue declarado desierto, causando demoras en la emisión de pasaportes.

Esiquio Manuel Sánchez, delegado de la Sala de Instrucción de la Procuraduría, explicó que la diligencia de inspección tenía como objetivo recopilar pruebas sobre la audiencia del Comité de Conciliación en el proceso de los pasaportes.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores argumentaron que la decisión de declarar desierto el proceso de licitación fue externa a la voluntad del representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio, ya que solo se presentó un proponente y no garantizaba los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades.

Tras el fracaso de la licitación, y ante la inminencia de la expiración del contrato con la firma Thomas Greg el pasado 2 de octubre, el canciller Álvaro Leyva declaró la urgencia manifiesta en septiembre. Esto permitió adjudicar el contrato directamente por un año. Posteriormente, el Gobierno anunció un nuevo proceso licitatorio el 19 de septiembre.

La firma Thomas Greg & Sons, actual responsable de la expedición de pasaportes, se declaró gravemente afectada por la decisión de no otorgarle el contrato debido a denuncias de favoritismo en los pliegos. Ahora, amenaza con una demanda millonaria basada en principios jurídicos como economía, transparencia y selección objetiva.

La firma presentó una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, proponiendo la revocación de la resolución que declaró desierto el proceso licitatorio y la adjudicación del contrato a su favor. De no llegar a un acuerdo, amenazan con demandar al Estado por más de 107 mil millones de pesos, sumando una cifra adicional por daño reputacional. La situación genera preocupación sobre el impacto económico y la transparencia en los procesos licitatorios en el país.