JEP ya le había cerrado la puerta al hijo de La Gata: ¿por qué?

La salida de prisión de Jorge Luis Alfonso López, más conocido como ‘El Gatico’, hijo de la empresaria del chance Enilce López, alias ‘La Gata’, ha generado gran controversia sobre todo por el rol que iba a desempeñar como facilitador de paz del Gobierno.

En la boleta de libertad, emitida por el Inpec, se “decreta la suspensión temporal de la aplicación de la pena que enfrenta Jorge Luis López en razón del presente proceso y hasta que se desempeñen las labores como facilitador de paz, conforme a las razones expuestas. En consecuencia, emítase orden de libertad solo por cuenta de este proceso”.

Tras la decisión del juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla de levantar la medida restrictiva de la libertad que existía en contra de Alfonso López, el Gobierno salió a defenderse y afirmó que nunca solicitó la liberación para ‘El Gatico’.

La Oficina del Alto Comisionado de Paz (OACP) aclaró que seguirá sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial y aclaró que Danilo Rueda “no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura”.

“No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”, puntualizó la OACP y agregó que el sindicado sigue ejerciendo su rol como facilitador de paz desde su lugar de privación de libertad.

Sin embargo, este jueves la entidad cambió de opinión y decidió cancelar la designación de ‘El Gatico’ como facilitador de paz. Según versiones preliminares, Alfonso López pondría en riesgo la labor que el encomendó el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Además de la polémica que hoy tiene al Gobierno entre las cuerdas, en las últimas horas se conoció que la propia Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya le había cerrado la puerta al hijo de ‘La Gata’ por no contar la verdad años atrás.

En febrero de 2021, la JEP le negó su entrada luego de que Alfonso López fuera condenado a 29 años de prisión por un juzgado de Bogotá en 2014 como responsable del asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, perpetrado el 19 de febrero de 2005.

El hombre había presentado la solicitud en calidad de agente de Estado no integrante de la fuerza pública en relación con hechos ocurridos cuando fungió como alcalde del municipio de Magangué, Bolívar, entre 2004 y 2007.

No obstante, la jurisdicción decidió no acoger su solicitud ante la falta de voluntad “para aportar a la verdad plena y reparar a sus víctimas”. “Aceptar un sometimiento en estas condiciones equivaldría, en palabras de la Sección de Apelación, a admitir a una persona que no exhibe un compromiso serio de avanzar los objetivos del sistema transicional y, por tanto, beneficiarla sin razón”, explicó el alto tribunal argumentando su decisión.