¿Por qué buscan prohibir el uso de asbesto en Colombia?

¡Por fin! El proyecto que busca prohibir la producción, comercialización y distribución del asbesto en Colombia fue aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara, y lo envió a último debate en la plenaria de la corporación.

Este sería el tercer debate del proyecto de ley que establece que a partir del primero de enero de 2021 quedaría eliminado por completo el uso del asbesto en el país.

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Se expusieron dos ponencias de Jairo Humberto Cristo y Mauricio Toro, ambas positivas, pero con una diferencia en la expresión de 'eliminar' o 'prohibir'.

De acuerdo con el representante Cristo, la palabra correcta es 'eliminar' debido a que se evitaba que 'el país estuviera en riesgo jurídico grave'

"Eso significaría que las casas que fueron construidas en la década de los años 90, viviendas de interés social y algunas tuberías por donde pasa el agua que fueron construidas con asbesto- específicamente en el Caribe- tendría que cambiarla y eso significaría enormes demandas al Estado", aseguró Cristo.

"Se quita la palabra 'prohibir' y dejamos solamente 'eliminación' del uso del asbesto a partir del 1 de enero de 2021”, manifestó Henry Correal.

Han sido varias las víctimas de asbesto que han levantado carteles con mensajes rechazando el uso de este material en Colombia por los daños que les ha causado.

Según cifras del ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Cancerología, cada año mueren cerca de 540 personas en Colombia a causa de la exposición a esta sustancia.

De hecho, han sido más de 60 países los que han prohibido el uso de este material, y se espera que Colombia haga parte de estos.

Por ahora, con este impulso, este proyecto queda a un solo debate de convertirse en una realidad.

A las industrias que usen este material se les dará un periodo se transición de por lo menos cinco años para que adapten sus procesos con tecnologías más sanas.

De la misma manera, la norma contempla que para quienes continúen usando el asbesto habrá sanciones desde los 100 hasta los 5.000 mil salarios mínimos, así como sanciones penales y administrativas.

La representante Nadia Blel Scaff, autora del proyecto de ley, agradeció a la Cámara de Representantes el haber llegado a un consenso.