Presidente de la JEP responde a De la Espriella y cuestiona sus críticas al tribunal
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, respondió a las críticas de Abelardo de la Espriella y cuestionó su propuesta de revisar con rigor el tribunal.
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, respondió a las críticas de Abelardo de la Espriella y cuestionó su propuesta de revisar con rigor el tribunal.
Las diferencias entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzaron a hacerse evidentes desde los primeros días de la nueva administración. Este domingo, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli Arteaga, respondió a los cuestionamientos formulados por el mandatario durante su discurso de posesión y calificó algunas de esas críticas como “negacionistas”.
El pronunciamiento de Ramelli se produjo después de que De la Espriella reiterara que su Gobierno revisará el funcionamiento y los efectos de la justicia transicional. Aunque el presidente aseguró que respetará el orden jurídico vigente, dejó planteada una revisión “con absoluto rigor” de la JEP, uno de los asuntos que más controversia generó durante su campaña presidencial.
Ramelli respondió a las críticas de De la Espriella
El presidente de la JEP cuestionó las apreciaciones realizadas por el nuevo mandatario y sostuvo que algunas de ellas parten, a su juicio, de un desconocimiento sobre las funciones que desarrolla actualmente el tribunal.
“Varias de las críticas emitidas por el nuevo presidente vienen desde el desconocimiento de lo que hacemos realmente. Lo que tienen es otro tipo de intereses, tienen que ver con las verdades y con que estamos procesando a personas nunca investigadas ni juzgadas”, afirmó Ramelli.
El magistrado fue más allá y aseguró que detrás de algunos de los cuestionamientos existe una intención de ocultar aspectos relacionados con las investigaciones y las verdades que han surgido dentro de los procesos de la jurisdicción.
“Son un doble o triple discurso, pero finalmente muchas de esas críticas lo que tienen es un ánimo negacionista, lo que quieren es ocultar la verdad”, sostuvo.
Con estas declaraciones, el presidente de la JEP dejó clara su posición frente al nuevo Gobierno y defendió la labor que desarrolla el tribunal dentro del sistema de justicia transicional.
De la Espriella pidió revisar “con absoluto rigor” a la JEP
Durante su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella recordó que su posición frente a la JEP ya había sido expuesta durante la campaña electoral.
“El pueblo colombiano conoce mi posición frente al alto tribunal; lo expresé con claridad a lo largo de la campaña”, manifestó.
El mandatario sostuvo que el país ha atravesado durante décadas situaciones de violencia y terrorismo que obligan a mantener una discusión sobre la manera en que se administra justicia frente a quienes cometieron graves delitos.
“Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia”, afirmó.
A partir de esa consideración, De la Espriella aseguró que su Gobierno respetará el marco jurídico vigente, pero anunció que examinará la naturaleza, el funcionamiento y los efectos de la JEP.
Su planteamiento fue concreto:
“Revisar con absoluto rigor la naturaleza y los efectos” de esta jurisdicción.
El presidente cuestionó además que, desde su perspectiva, la JEP haya nacido desconociendo la voluntad popular.
La reconciliación y las víctimas, otro punto de choque
El debate también quedó relacionado con la manera en que el nuevo Gobierno entiende la reconciliación nacional.
De la Espriella sostuvo durante su posesión que cualquier proceso de reconciliación debe tener como punto de partida a quienes sufrieron directamente la violencia y no puede construirse a partir del olvido.
“La reconciliación no se edifica sobre el olvido”, afirmó.
En ese sentido, el mandatario planteó tres principios como ejes de su postura: la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la responsabilidad frente a los crímenes atroces.
De acuerdo con su planteamiento, el Estado debe garantizar que quienes hayan cometido hechos graves respondan dentro del marco jurídico y que la búsqueda de la paz no termine siendo interpretada como ausencia de responsabilidad.
La posición del Gobierno abre así una discusión sobre el equilibrio entre justicia transicional, derechos de las víctimas y procesos de reconciliación, especialmente frente a los casos que actualmente tramita la JEP.
De la Espriella ya había planteado recortar el presupuesto de la JEP
La confrontación entre el nuevo Gobierno y el tribunal no comenzó con el discurso de posesión. El pasado 13 de julio, cuando todavía era presidente electo, De la Espriella anunció su intención de reducir en 90 % el presupuesto de la JEP.
La propuesta generó desde entonces un debate político y jurídico sobre las consecuencias que tendría una reducción de esa magnitud para el funcionamiento de la jurisdicción.
De acuerdo con las cifras incluidas en el insumo, la JEP cuenta con un presupuesto cercano a 739.000 millones de pesos, con una ejecución reportada del 99,3 %.
La distribución del presupuesto se concentra principalmente en:
- 80 % destinado a gastos de funcionamiento, como personal y operación judicial.
- 20 % destinado a proyectos de inversión.
- Un eventual recorte del 90 % dejaría a la jurisdicción con cerca de 74.000 millones de pesos.
Con esos recursos, la JEP tendría que continuar con sus labores en los diez macrocasos que adelanta, además de atender las sanciones restaurativas y los demás procesos bajo su competencia.
JEP y Gobierno de De la Espriella abren un nuevo capítulo
Las declaraciones de Ramelli y las posiciones expresadas por De la Espriella muestran que la JEP será uno de los primeros escenarios de debate institucional del nuevo Gobierno.
Por ahora, el presidente no ha anunciado la eliminación de la jurisdicción ni un desconocimiento de sus decisiones. Su planteamiento apunta a revisar sus alcances, funcionamiento y efectos, mientras que la dirección del tribunal defiende la legitimidad de las investigaciones y procesos que adelanta.
El choque entre ambas posiciones apenas comienza y podría adquirir mayor intensidad a medida que el Gobierno avance en sus propuestas sobre justicia transicional, presupuesto y política de reconciliación.