De la Espriella prepara una revolución en el Inpec: así cambiaría la entidad

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una de las transformaciones más profundas para el sistema penitenciario colombiano: una reforma que contempla militarizar el Inpec y trasladar su dependencia al Ministerio de Defensa, con cambios sustanciales en la estructura, el régimen disciplinario y la manera en que opera la entidad.

La propuesta se encuentra todavía en etapa de análisis y, de acuerdo con información conocida sobre el proyecto, el Gobierno estudia si el cambio puede hacerse mediante una decisión presidencial o si será necesario presentar un proyecto de ley ante el Congreso. Por ahora, el proceso se maneja con reserva, aunque la iniciativa ya genera expectativa y rechazo entre sectores sindicales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

El planteamiento encaja con una de las principales banderas de la nueva administración: recuperar el control de las cárceles, reforzar la autoridad del Estado y endurecer la respuesta frente a las estructuras criminales que mantienen capacidad de operación desde los centros penitenciarios.

¿Qué cambiaría si se militariza el Inpec?

La eventual reforma supondría que el Inpec deje de funcionar bajo el esquema administrativo tradicional y adopte protocolos y estándares asociados al sector Defensa.

La idea, según las fuentes consultadas sobre el proyecto, sería fortalecer la disciplina interna y priorizar la seguridad como uno de los ejes centrales de la institución. Esto implicaría una modificación importante en las condiciones bajo las cuales trabajan actualmente los funcionarios penitenciarios.

Entre los cambios que se analizan aparecen:

• Traslado de la dependencia del Inpec al Ministerio de Defensa.
• Adopción de un régimen disciplinario con mayores exigencias.
• Cambios en las reglas aplicables al personal penitenciario.
• Restricciones relacionadas con la sindicalización.
• Revisión de los procedimientos internos para facilitar investigaciones y sanciones.
• Reorganización de la misión y los objetivos estratégicos de la institución.
• Mayor énfasis en seguridad, disciplina y control penitenciario.

Uno de los argumentos que aparecen detrás de la propuesta está relacionado precisamente con los procesos disciplinarios. Fuentes vinculadas al sector penitenciario señalaron que los fueros sindicales pueden dificultar la adopción de medidas contra funcionarios involucrados en presuntas irregularidades.

“Son los sindicatos los que impiden decisiones de carácter disciplinario en contra de los funcionarios que incurren en graves conductas. Se acogen a los fueros sindicales y eso complica adoptar las medidas correctivas en procura de suspender o sancionar hechos que atentan contra la transparencia”, señaló una fuente citada por la prensa nacional.

El Gobierno busca depurar una entidad cuestionada

La propuesta de transformación llega en medio de los cuestionamientos históricos que ha enfrentado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por problemas de corrupción, seguridad y control interno.

Precisamente, una de las fuentes consultadas sobre la iniciativa señaló que el eventual proyecto de ley tendría como propósito “depurar la entidad y fortalecer la disciplina interna”.

El diagnóstico del nuevo Gobierno parte de que los problemas no se limitan a las condiciones de las cárceles, sino que también involucran la capacidad institucional para controlar a los propios funcionarios y evitar que las estructuras criminales mantengan influencia dentro de los establecimientos.

En esa lógica, la transformación del Inpec se suma a otras decisiones adoptadas por De la Espriella desde sus primeros días en la Presidencia, entre ellas el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil hacia establecimientos penitenciarios de mayor seguridad.

La medida fue presentada por el Gobierno como parte de su estrategia para recuperar el control de las cárceles y evitar que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados para coordinar actividades criminales.

La pelea con los sindicatos del Inpec

Uno de los puntos que más resistencia genera es precisamente el relacionado con las organizaciones sindicales.

La eventual militarización modificaría las condiciones laborales y disciplinarias de los funcionarios, por lo que los representantes sindicales han expresado oposición a la iniciativa.

El debate resulta especialmente sensible porque los sindicatos del sector penitenciario también han denunciado en diferentes momentos problemas de seguridad y corrupción dentro de las cárceles. Sin embargo, las fuentes consultadas por medios nacionales cuestionan que los mecanismos de protección sindical puedan terminar dificultando procesos disciplinarios.

Una de las acusaciones más fuertes apunta incluso a la existencia de un supuesto uso irregular de los fueros sindicales para proteger a funcionarios sometidos a investigaciones. La Fiscalía habría adelantado indagaciones relacionadas con esta situación, según la información citada en el insumo.

“La Fiscalía adelantaba varias investigaciones. Incluso en lo que se conoció como un cartel de los fueros sindicales, le ofrecían a funcionarios que estaban siendo investigados vincularlos a los sindicatos y de esta manera evitar las sanciones disciplinarias de urgencia”, comentó una fuente.

Estas afirmaciones corresponden a señalamientos que deberán ser establecidos por las autoridades competentes y forman parte del debate que rodea la eventual reforma.

El Inpec enfrenta además una crisis de seguridad

La discusión sobre el futuro de la entidad se produce mientras los funcionarios penitenciarios afrontan un escenario de alta presión por las amenazas y ataques relacionados con el crimen organizado.

Uno de los hechos recientes que elevó la preocupación fue el asesinato del inspector Efraín Quesada Urrego, en medio de una seguidilla de hechos de violencia contra trabajadores del sistema penitenciario.

La situación también ha generado preocupación alrededor de la cárcel de Palogordo, en Girón, donde está previsto el traslado de internos considerados de alta peligrosidad. La llegada de nuevos reclusos ha provocado advertencias sobre las condiciones de seguridad tanto para los presos como para los funcionarios.

La situación de Palogordo no es nueva. El establecimiento ha enfrentado anteriormente amenazas contra sus funcionarios y episodios relacionados con internos de alto perfil, lo que evidencia las dificultades que tiene el sistema para mantener el control penitenciario frente a estructuras criminales con capacidad de intimidación.

La preocupación de los trabajadores aumentó después de recientes ataques y amenazas contra personal del Inpec. Organizaciones sindicales han reclamado mayores garantías de seguridad y han cuestionado la capacidad de la institución para proteger a quienes trabajan dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Una reforma que todavía debe superar varios obstáculos

Aunque la propuesta de militarizar el Inpec representa uno de los anuncios más contundentes del comienzo del Gobierno de De la Espriella en materia penitenciaria, todavía no se trata de una transformación ejecutada.

El Gobierno debe definir primero el mecanismo jurídico que permitirá modificar la estructura y dependencia de la institución. Precisamente, una de las discusiones actuales consiste en determinar si la reforma puede concretarse mediante una decisión del Ejecutivo o si requiere aprobación del Congreso.

De avanzar el proyecto, el cambio tendría efectos sobre miles de funcionarios y modificaría de manera sustancial la relación entre el sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia y el sector Defensa.

El objetivo declarado de la iniciativa es claro: fortalecer la disciplina, recuperar el control de las cárceles y depurar una institución que durante años ha estado en el centro de cuestionamientos por corrupción y seguridad.

Ahora el debate estará en el Congreso, en los sindicatos y en los sectores que deberán definir hasta dónde puede llegar la transformación que propone el nuevo Gobierno para el Inpec.