Toma al Palacio: Gobierno entrega restos de un desaparecido

Bernardo Beltrán, un trabajador de la cafetería de la sede judicial que fue tomada por un comando de la disuelta guerrilla nacionalista del M-19 el 6 y 7 de noviembre, desapareció cuando tenía 24 años tras la reacción militar con blindados.

Treinta y dos años después, su hermana Sandra recibió en una urna los despojos que habían sido localizados en septiembre en una tumba donde se suponía reposaban los del magistrado Jorge Echeverry, ahora desaparecido.

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Bernardo "es vilmente asesinado, quemado y devuelto al palacio para que 32 años después nos lo entreguen", declaró la mujer en el acto celebrado en Medicina Legal, en el centro de Bogotá. 

En total 99 personas murieron en el ataque rebelde y operación militar posterior, que a la postre derivaron en una condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.

Todavía quedan por encontrar seis de los 11 desaparecidos de lo que la prensa en Colombia bautizó como el "holocausto del Palacio de Justicia", en pleno centro de la capital colombiana.

La Corte halló responsable al Estado por las desapariciones, torturas y asesinatos de algunas de las víctimas.

Beltrán alega que su hermano fue sacado con vida por los militares y después asesinado, quemado y devuelto a las ruinas del edificio que prendió llamas en medio de la retoma militar. 

"No me siento contenta de recibir a Bernardo incinerado (...) porque sus compañeros, su familia, los conocidos, lo conocieron completo, intacto, quizás humilde, quizás muy tímido", señaló la mujer, que reprochó al Estado su indolencia durante tanto tiempo.

El fiscal del caso, Jorge Hernán Díaz, recordó que por orden de la Corte Interamericana de DDHH la justicia colombiana debe no solo encontrar a los demás desaparecidos, sino "definir la responsabilidad penal" de estos hechos. 

Cinco años después de una de sus más repudiadas acciones, el M-19 depuso las armas y varios de sus exmiembros continúan en la vida política. 

Los 35 guerrilleros que asaltaron la sede y tomaron como rehenes a los magistrados, murieron en el edificio, mientras varios jefes militares de la época siguen bajo investigación.

El gobierno de Juan Manuel Santos, que en 2015 debió pedir perdón por lo ocurrido en el Palacio de Justicia, selló la paz con los rebeldes marxistas de las FARC e intenta hacer lo propio con el ELN, última guerrilla activa que reconocen las autoridades. 

Cinco décadas de conflicto en Colombia dejan 7,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

AFP