La ONU critica aumento de impunidad y víctimas en Colombia

El texto, presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "celebra" numerosos avances en materia de derechos humanos llevados a cabo por Colombia y "felicita al Gobierno por la determinación con la que trata de encontrar una solución negociada al conflicto interno".

No obstante, señala varias áreas en las que no se ven avances, como el hecho, por ejemplo, de que sólo entre enero y octubre de 2013, 55.157 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto interno, a pesar de las negociaciones de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que tienen lugar en La Habana.

Con respecto a las atrocidades cometidas por las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el informe lamenta que se sigan produciendo homicidios, reclutamiento y utilización de niños y niñas, toma de rehenes, utilización de minas y desplazamientos forzosos, entre otros.

En relación a las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas, el texto ensalza el hecho de que haya habido una reducción del número y la gravedad de las violaciones documentadas.

Sin embargo, Pillay muestra su "preocupación" por el hecho de que "algunas autoridades militares sólo consideren violaciones de los derechos humanos las ejecuciones extrajudiciales conocidas como 'falsos positivos'" y el hecho de que el Ministerio de Defensa siga negando las violaciones.

"Existe la necesidad de pasar de la negación al reconocimiento de las violaciones actuales y pasadas y de darles respuesta", afirmó.

Con respecto a la reforma constitucional para ampliar la jurisdicción militar, Pillay recordó que ésta es incompatible con el respeto a la legislación internacional en materia de derechos humanos y lamentó que, a pesar de lo anunciado, se siga aplicando.

"Entre enero y agosto de 2013, 48 casos de homicidios atribuidos al Ejército, caracterizados como 'falsos positivos', se trasladaron de la jurisdicción ordinaria a la militar, a pesar de que el Gobierno había asegurado que ello no ocurriría", censuró.

Otro aspecto negativo destacado en el texto es el hecho de que la mayoría de las violaciones de los derechos humanos siguen en la etapa preliminar de investigación.

"La ley de justicia y paz, relativa a los paramilitares desmovilizados, si bien parece haber favorecido el conocimiento de la verdad, no se ha convertido en un instrumento importante de la justicia penal. De hecho, lo más probable es que casi todos los acusados sean puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados", reza el informe.

Pillay lamenta que oficiales y soldados vinculados a juicios por violaciones de los derechos humanos sigan manteniendo sus cargos y pide su remoción.

"Las negociaciones de paz brindan la oportunidad de mejorar aún más el profesionalismo y la legitimidad de las fuerzas militares mediante la remoción de esas personas del servicio", juzgó.

Por otra parte, Pillay "reconoce los considerables esfuerzos" realizados por la Unidad de Restitución de Tierras y por los magistrados que gestionan los casos y celebra que se hayan dictado 277 sentencias.

Sin embargo, denuncia que se haya observado un aumento de los asesinatos, amenazas y ataques contra los reclamantes, los dirigentes sociales y los funcionarios públicos que participan en los procesos de restitución de las tierras.

Finalmente, Pillay censura el hecho de que sigan las agresiones y amenazas contra los defensores de los derechos humanos y especialmente el hecho de que, en 2013, se confirmaron 39 asesinatos de estos activistas. EFE