Persiste el desplazamiento en el suroeste por combates con FARC

El desplazamiento de las comunidades por cuenta de los combates entre la fuerza pública colombiana y las FARC en el municipio de Guapi, suroeste de Colombia, continúa con un nuevo movimiento de 137 personas, denunció la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

De acuerdo con este informe, que se elabora con la información de los líderes sociales de la zona, organismos humanitarios y autoridades, los nuevos enfrentamientos del pasado 8 de abril obligaron a 137 afrocolombianos de la vereda de San José de Guare de Guapi a abandonar sus casas y trasladarse al casco urbano.

En el último mes la cifra de desplazados por estos combates entre el Batallón de Infantería de Marina 42 y el Frente 29 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias deColombia (FARC) en Guapi ascendió a 806, de los que 428 ya retornaron a la vereda Joanico en condiciones que se desconocen.

Por lo tanto, en este momento 378 personas que pertenecen a 87 familias permanecen desplazadas en el casco urbano de Guapi, muchos de ellos hacinados en el Centro Cultural del municipio y sin acceso a agua de calidad, según el informe de esta oficina de Naciones Unidas.

OCHA llamó la atención sobre las críticas condiciones de alojamiento en que viven estas personas sin agua limpia, elementos para cocinar ni kits de aseo, y también alertó de que la comunidad indígena de El Partidero, que se desplazó el pasado 15 de marzo, quiere restablecer las clases interrumpidas hace casi un mes.

La Defensoría del Pueblo también exigió atención a este problema a través de un comunicado y subrayó que en este grupo de personas hay una niña de 11 años discapacitada que no tiene silla de ruedas.

El defensor delegado para los Derechos de la Población Desplazada, Mauricio Vesga, alertó también sobre el riesgo de desplazamiento que corren 300 familias del Consejo Comunitario de Limones, y otras 700 de las comunidades de San Joaquín, Casas Viejas y Taparal del municipio de López de Micay.

"La Defensoría del Pueblo pide que la Unidad para las Víctimas, como coordinadora del sistema, tanto en el nivel nacional como regional (adecúe) un espacio de albergue o subsidio de arrendamiento para que se alquile un hotel que permita recuperar la dignidad de las mujeres, niñas, niños y hombres hacinados", agregó. EFE