Con foto una foto junto a Gustavo Petro, acusan al alcalde de Cali de presunta participación en política

La ley electoral no permite que los funcionarios públicos, llámense gobernadores o alcaldes interfieran en política, es decir, que no promuevan ni hagan parte de eventos en favor de la imagen de un candidato a otro cargo público, el cual puede ser el de presidente de la República o congresista.

En el día viernes se dio al conocimiento de la opinión pública una fotografía en la que aparece el alcalde Cali, Jorge Iván Ospina y el precandidato del Pacto Histórico y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en una mesa; el ambiente y el significado de la reunión del alcalde de la capital del departamento del Valle del Cauca con el exalcalde de Bogotá y senador de la República será materia de investigación.

La Procuraduría General de la Nación en cabeza de Margarita Cabello manifestó que “No se les por, desde sus funciones activar campañas políticas; no usen los presupuestos públicos para apoyar directa o indirectamente a candidatos políticos; no estén en eventos donde haya campañas políticas o movimientos políticos”.

Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali es hijo de Iván Marino Ospina, uno de los cofundadores del movimiento guerrillero M-19 del que también fue su comandante, durante la operación militar en la que fue asesinado por miembros del Ejército en una casa de Cali en 1985 se encontraba Jorge Iván, en ese entonces un joven de 20 años.

Al alcalde Cali se le ha criticado su actuar durante los acontecimientos del paro nacional en la capital vallecaucana, pues las élites lo acusan de tener orientación de izquierda debido a que su padre fue líder del M-19, grupo subversivo en el que también militó Gustavo Petro, de hecho, el actual senador estuvo preso por tal razón.

Margarita Cabello, procuradora general de la nación manifestó luego de difundirse la fotografía que “estamos analizando cada situación y miramos si amerita o no la apertura de una indagación”.

La MOE, Misión de Observación Electoral, en cabeza de su directora, Alejandra Barrios, anunció ante el fenómeno de supuesta participación en política de funcionarios públicos que existen organismos del Estado con definida vocación investigativa en estos casos.

“Lo primero que hay que señalar es que no tenemos una normatividad clara frente a los temas señalados y muchísimo menos con lo que se entiende por participación en política en funcionarios públicos (…) le corresponde al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía y a la Procuraduría definir si se está en una violación de las reglas electorales”, indicó la directora del MOE.