¿Se caerá la consulta popular de Petro? Así falló la Corte ante demanda similar del uribismo en 2016

El decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro convocó a una consulta popular ha generado una tormenta jurídica y política: ya suma 20 demandas ante altas cortes y ahora entró al radar disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, que abrió una indagación preliminar contra todos los ministros que lo firmaron.

El Consejo de Estado ha recibido 16 demandas y la Corte Constitucional, otras cuatro. Mientras ambas cortes definen cuál será competente, el caso fue asignado en la Corte al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, conocido por haber liderado decisiones contrarias al gobierno actual.

¿Plebiscito por la paz de 2016 podría ser una esperanza para la consulta popular de Petro?

Pero más allá del choque de trenes institucional, hay un antecedente clave: en 2016, líderes del uribismo, como Paloma Valencia y Paola Holguín, intentaron tumbar el decreto con el que el entonces presidente Juan Manuel Santos convocó el plebiscito por la paz con las FARC. Presentaron demandas similares a las actuales, alegando irregularidades en el trámite legislativo y violaciones a principios democráticos.

En su momento, el Consejo de Estado se declaró sin competencia y remitió el caso a la Corte Constitucional, señalando que el artículo 241 de la Constitución le otorga a esta última la función de revisar este tipo de mecanismos. La Corte asumió el control y concluyó que “este cuestionamiento no satisface los requisitos de pertinencia y suficiencia”, y terminó avalando el decreto.

Este precedente podría influir en la decisión actual. La Corte extendió entonces su competencia para revisar no solo plebiscitos, sino otros mecanismos de participación como consultas populares, cuando hay dudas sobre su convocatoria.

¿Procuraduría quiere echar para atrás la consulta popular del Gobierno?

Mientras tanto, la Procuraduría anunció este 13 de junio una investigación contra los ministros que firmaron el decreto 0639 del 11 de junio. El organismo actuó tras denuncias del concejal Daniel Briceño y la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, quienes consideran que el acto presidencial es “abiertamente inconstitucional”.

En un comunicado conjunto, ocho partidos de oposición (entre ellos Centro Democrático, Liberal, Conservador y Cambio Radical) afirmaron que “el decreto vulnera principios esenciales del sistema democrático colombiano como la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular”, y pidieron su suspensión inmediata para evitar “gastos presupuestales irreversibles”.

Por su parte, el presidente Petro ha defendido la legalidad del decreto. “El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato”, afirmó, al citar la Ley 1757 de 2015 y un fallo del Juzgado VI Civil del Circuito de Bogotá.

El debate, ahora en manos de la Corte, promete ser uno de los más determinantes del actual periodo presidencial.