¿Por qué De La Espriella objetó proyecto sobre requisitos para cargos públicos?

El presidente Abelardo De La Espriella frenó el Proyecto de Ley 056 de 2024 de la Cámara y 345 de 2024 del Senado, que modifica los requisitos para acceder a cargos directivos del sector público y de empresas con participación estatal del orden nacional.

La Presidencia explicó que la decisión se tomó por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia. El Gobierno considera que el proyecto debe ser revisado antes de convertirse en ley.

Según el Gobierno, la objeción no significa que se quieran eliminar los requisitos para ocupar cargos directivos ni permitir nombramientos de personas sin la preparación necesaria.

La Presidencia recordó que el Decreto Ley 770 de 2005 ya establece requisitos de formación y experiencia para estos cargos. Por eso, aseguró que esas condiciones continuarán siendo exigidas por el Gobierno.

“La decisión no pretende eliminar los requisitos mínimos ni abrirles paso a nombramientos sin idoneidad. El Decreto Ley 770 de 2005 ya establece estándares obligatorios de formación y experiencia para estos empleos, cuya observancia continuará siendo exigida por el Gobierno nacional”, detalló el Ejecutivo en un comunicado de prensa.

El Gobierno dice que busca proteger el mérito

La idea de la Presidencia es que las exigencias actuales a veces son tan cerradas que terminan dejando por fuera a gente joven, mujeres o profesionales que viven en lugares alejados de las ciudades principales; es decir, que buscan darle más oportunidad a las personas y que el Estado sea más diverso.

“El Gobierno defiende una administración pública integrada por los mejores, seleccionados con transparencia y de acuerdo con sus capacidades. Este propósito exige preservar el mérito y la idoneidad, pero también actualizar los perfiles profesionales y evitar barreras que excluyan a jóvenes, mujeres y talento proveniente de las regiones”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, la Presidencia invitó al Congreso a revisar nuevamente el proyecto dentro del principio de colaboración entre las ramas del poder público.

El objetivo, según el Gobierno, es encontrar una regulación que mantenga el mérito y la idoneidad como criterios para acceder a los cargos públicos, pero que al mismo tiempo permita actualizar los perfiles profesionales.

Con esta posición, el Ejecutivo busca que la discusión sobre los requisitos para los cargos directivos continúe en el Congreso y que la norma permita avanzar hacia un Estado que el Gobierno define como más moderno, ágil y cercano a los ciudadanos.