El Consejo de Estado declara al CNE competente para investigar la campaña "Petro Presidente"

En el marco de la investigación que se lleva a cabo por la presunta financiación ilegal en la campaña presidencial de Gustavo Petro, este viernes se dio a cocer que la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es compete para investigar al presidente de la República.

De esta manera, el alto tribunal resolvió el conflicto que buscaba definir cuál es la autoridad que debe investigar administrativamente las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro.

“Mediante providencia del 6 de agosto de 2024, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado declaró competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos, frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego”, detalló el CNE es su comunicado.

Así mismo, el Consejo de Estado declaró la competencia del Consejo Nacional Electoral para imponer las sanciones administrativas correspondientes, si a ello hay lugar.

Cabe mencionar que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron una ponencia en la que piden abrir una investigación y formular cargos al presidente Gustavo Petro y al entonces gerente de su campaña, Ricardo Roa.

Según la información compartida, los magistrados indagaron especialmente las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué, que transportó al presidente Gustavo Petro en campaña a varias regiones del país, junto con quienes integraban su equipo y también eran candidatos al Congreso.

Los magistrados mencionan que la campaña de Petro habría violado el tope de gasto permitido. Además, se señalan pagos a testigos electorales, que no habrían sido reportados en su totalidad y facturas que podrían haber sido anuladas para pasarlas por un menor precio, tal como lo indicó la empresa que le hizo auditoría a los libros contables de la campaña Nexia Montes & Asociados.