Con tutela piden que el presidente Petro se disculpe con periodistas por llamarlas “muñecas de la mafia”

En el marco del escándalo que protagonizó el presidente Gustavo Petro, luego de que hace un par de días el mandatario hiciera uso del evento de posesión de la nueva defensora del Pueblo, la abogada Iris Marín Ortiz, para descalificar a las mujeres periodistas refiriéndose a ellas como “muñecas de la mafia”, una tutela busca que presidente pida disculpas públicas por sus palabras.

En horas de la mañana de este martes, 10 de septiembre, se dio a conocer que el Consejo de Estado recibió una tutela interpuesta por el abogado Germán Calderón España, en la que solicita a los magistrados del alto tribunal que se le ordene al presidente ofrecer disculpas públicas a las comunicadoras del país, además de que se le prohíba volver a hacer este tipo de comentarios en actos públicos.

“Que se le ordene al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ofrecer públicamente una retractación y a ofrecer una disculpa pública en favor de las víctimas (...) que se le prohíba usar esta clase de expresiones discriminatorias contra las mujeres periodistas colombianas a futuro”, se lee en la demanda.

Gobierno firma directiva presidencial para fortalecer libertad de expresión y libertad de prensa

Por otro lado, el Gobierno Nacional, “con el objetivo de reconocer el papel fundamental de la libertad de expresión y de prensa” anunció la firma de la Directiva Presidencial orientada a fortalecer los vínculos entre las autoridades públicas y los periodistas y medios de comunicación.

Esta directiva nace de una colaboración estrecha con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento establece lineamientos claros sobre los deberes de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa, en consonancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares en la materia. La directiva alcanza a todos los servidores públicos que interactúen con medios de comunicación, incluyendo altos funcionarios del Estado.

Entre los puntos clave de la directiva se encuentran la prevención de la estigmatización; el fomento del debate público inclusivo; la garantía de acceso a la información; el deber de diligencia en la verificación de hechos de los servidores públicos al emitir pronunciamientos; medidas de protección de la integridad de periodistas, y la continua capacitación en la administración pública sobre libertad de expresión y prensa.