El escándalo de los excongresistas y contratos vuelve a las urnas y sacude la política en Santander

Las tarimas volvieron a encenderse y los discursos regresaron a las plazas de Santander. En medio de ese escenario electoral vuelven a sonar dos nombres conocidos los excongresistas: Richard Aguilar y Edwin Ballesteros. Ambos quieren nuevamente un escaño en el Congreso, aun cuando tienen un proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública departamental.

El expediente se remonta a la administración de Aguilar en la Gobernación de Santander, entre 2012 y 2015. La Fiscalía informa que durante ese tiempo se habría estructurado un esquema para direccionar contratos de infraestructura, con pagos de comisiones ilegales que, según el ente acusador, tenían un porcentaje fijo sobre el valor de las obras adjudicadas.

En ese proceso está como testigos clave Claudia Yaneth Toledo, exsecretaria de Infraestructura, y su esposo, Lenin Darío Pardo. Los dos excongresistas implicados aceptaron su participación en el entramado y señalaron a antiguos superiores como parte de la estructura de decisiones. Hoy, sin embargo, residen fuera del país tras denunciar amenazas que, aseguran, tienen en riesgo su seguridad.

La defensa de Aguilar informa que no existe prueba directa que lo vincule con actos ilícitos y que las acusaciones se basan en declaraciones interesadas. Además, Ballesteros ha reiterado que su administración fue transparente y que las imputaciones les falta sustento técnico.

El caso también volvió a poner bajo la lupa la autoridad política del coronel retirado Hugo Aguilar y su círculo más cercano, grupo que durante varios años ha tenido un peso determinante en la región. Para algunos sectores, la constancia electoral de la familia demuestra solidez política; para otros, refleja una desconexión entre los procesos judiciales y la relación de influencia local.

Al mismo tiempo, el juicio continúa su curso. Las audiencias han estado definidas por la revisión de contratos, declaraciones cruzadas y peritajes técnicos. Aunque todavía no hay sentencia contra los excongresistas, el proceso ha reactivado el debate sobre la responsabilidad política mientras se definen causas penales.

En el país, la polémica no es jurídica si no práctica: están quienes consideran que los acusados tienen derecho a postularse a cargos públicos mientras no esté una condena. Otros dicen que la sola magnitud de la controversia debería ser motivo necesario para dar un paso al costado.

Así, entre pancartas, expedientes y señalamientos, Santander vive una campaña obstaculizada por un proceso judicial que aún no se cierra, pero que ya dejó huella en la confianza ciudadana.