El Senado anuncia control político al Estado de Emergencia Económica decretado por Petro

El Gobierno Nacional declaró este miércoles el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, esto en respuesta a la crisis climática que ya impacta a miles de familias en distintas regiones del país, siendo Córdoba la más afectada. 

El presidente Gustavo Petro activó la medida en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por un período de 30 días calendario.

Ante esta situación extraordinaria, el Senado de la República anunció que ejercerá control político y seguimiento constitucional permanente a la medida, con el objetivo de garantizar que cada medida adoptada “responda con urgencia, transparencia y eficacia a las necesidades de las comunidades afectadas”.

De acuerdo al decreto, las lluvias registradas entre finales de enero y comienzos de febrero superaron hasta en un 289 % los promedios históricos, generando inundaciones, deslizamientos y daños significativos en infraestructura vial, viviendas, suelos agrícolas y ecosistemas estratégicos.

El Gobierno reportó miles de familias afectadas y pérdidas materiales que comprometen la capacidad de respuesta ordinaria del Estado en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

La declaratoria se sustenta en el artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al Presidente de la República para “adoptar estados de excepción cuando hechos sobrevinientes perturben o amenacen gravemente el orden económico, social o ecológico”.

En este marco, el Ejecutivo queda habilitado para expedir decretos con fuerza de ley, de carácter temporal y con relación directa a la atención de la emergencia.

Rol del Senado en el Estado de Emergencia

Aunque la declaratoria de emergencia no requiere aprobación previa del Congreso, el Legislativo debe conocer y analizar los informes que el Gobierno Petro presente sobre las causas de la emergencia y las decisiones adoptadas durante su vigencia.

Asimismo, el Congreso conserva la facultad de evaluar los decretos legislativos expedidos, ejercer debates de control político y, posteriormente, modificar, derogar o convertir en legislación permanente las disposiciones adoptadas de manera extraordinaria, conforme a los límites establecidos por la Constitución y la ley.

“Durante los 30 días de vigencia del decreto el Senado adelantará el seguimiento correspondiente en ejercicio de sus competencias constitucionales, garantizando el equilibrio entre la atención efectiva de la crisis climática y el respeto por el orden democrático y el Estado de Derecho” detalla la entidad en su comunicado.