Consulta popular de Petro: Procuraduría abre indagación a todo el gabinete ministerial por firmar el decreto

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra todos los ministros del presidente Gustavo Petro que firmaron el decreto 0639 del 11 de junio, mediante el cual se convoca a una consulta popular.

La medida disciplinaria surge tras denuncias presentadas por el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, y la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, quienes aseguran que el decreto es “abiertamente inconstitucional”.

¿Por qué denunciaron la consulta popular de Petro?

De acuerdo con la queja, el acto presidencial rompe con la separación de poderes y vulnera el orden jurídico, ya que la iniciativa había sido rechazada por el Senado el pasado 14 de mayo. Pese a ello, el Gobierno expidió el decreto que convoca a los colombianos a las urnas, lo que provocó una ola de demandas y ahora, la reacción de la Procuraduría.

“El decreto vulnera principios esenciales del sistema democrático colombiano como la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular”, afirmaron ocho partidos de oposición en un comunicado conjunto tras presentar una demanda ante el Consejo de Estado.

Las colectividades (entre ellas el Centro Democrático, Liberal, Conservador y Cambio Radical) pidieron una medida cautelar urgente para suspender el decreto y evitar lo que llamaron “gastos presupuestales irreversibles”.

Además, los mismos partidos anunciaron que también interpondrán denuncias ante la Comisión de Acusación del Congreso y la Fiscalía General de la Nación. Los cargos principales de la demanda incluyen: “Vulneración al Estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación de funciones por parte del presidente y violación del debido proceso por desconocer el concepto previo favorable del Senado”.

¿Qué dice la Procuraduría sobre el decreto de la consulta popular?

La Procuraduría, en una decisión de seis páginas, consideró procedente iniciar la indagación disciplinaria para determinar si los ministros incurrieron en faltas al firmar un acto que podría ser contrario a la Constitución. “En ese orden de ideas, en el caso que ocupa al despacho, se iniciará indagación previa, a la que serán vinculados para que puedan ejercer sus derechos como sujetos procesales”, señala el documento.

El organismo también ordenó la recolección de pruebas clave, incluyendo el informe del Senado sobre el trámite legislativo del proyecto y todos los documentos, estudios y análisis que el Ejecutivo haya utilizado para justificar el decreto.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido la legalidad de la medida y asegura que el decreto tiene sustento jurídico en la Constitución, la Ley 1757 de 2015 y un fallo del Juzgado VI Civil del Circuito de Bogotá, que concluyó que hubo una violación al debido proceso legislativo en el Senado. Según Petro, “el decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato” y recordó que “en ambas opciones el decreto es presidencial”.

Con esta indagación, el caso entra oficialmente en el radar disciplinario y jurídico del país, marcando un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y varios sectores políticos e institucionales.