Colombia no está pidiendo reelección indefinida: Cancillería

El pasado fin de semana la Cancillería colombiano hizo público la consulta que desarrollará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con uno de los temas que causa más polémica en Colombia: la reelección presidencial.

De acuerdo con un comunicado expuesto por el también Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno colombiano realizará una opinión consultiva ante la CIDH en la que cuestionará si la reelección indefinida se puede considerar como un derecho humano protegido por este ente internacional.

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Por supuesto, esta noticia causó revuelo en Colombia, pues varios ciudadanos se preguntaron si esta consulta iba acompañada de lo que podría ser una posible candidatura del expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó durante dos períodos (2002-2010), y cuya reelección en 2006 se vio contaminada por el escándalo de la llamada ‘Yidis política’.

Ante las críticas, fue la misma Cancillería la que, por medio de otra misiva, tuvo que aclarar las dudas y explicar que la pregunta no se desarrollaba en pro de beneficiar a algún político en Colombia, pues esta es una figura política que ya se canceló en Colombia y que, según el Ministerio, “el Gobierno no tiene interés alguno en que dicha figura sea restablecida dentro del ordenamiento jurídico nacional”.

¿Con qué fin se hace esta consulta?

Entonces, aclarando esto, la Cancillería explicó que lo que se busca con esta consulta es pedir mayor atención en las democracias latinoamericanas que podrían convertirse en dictaduras gracias a la reelección indefinida como Venezuela y Bolivia.

“Las consideraciones que motivan la presente consulta no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto”, detalla el comunicado.

Por último, agregó que “el Gobierno colombiano espera que la Corte, interpretando instrumentos jurídicos regionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana o Pacto de San José, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana defina si las medidas legislativas que adopta un Gobierno con el fin de perpetuarse en el poder son compatibles con dichos instrumentos internacionales”.

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