No más exguerrilleros en esquemas”: el contundente reclamo del sindicato de la UNP

La UNP, Unidad Nacional de Protección, ha sido una entidad ampliamente cuestionada durante el gobierno de Gustavo Petro, debido a que el mandatario entregó su dirección a un amigo personal y ex compañero de armas en el M-19, Augusto Rodríguez, pero también porque su planta de escoltas ha sido conformada por exguerrilleros.

Presuntas irregularidades al interior

Durante estos últimos cuatro años se han denunciado diferentes irregularidades en la UNP, algunas ligadas a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, como el escándalo en el que un disidente fue transportado en vehículos de la entidad, por lo cual logró evitar ser arrestado cuando fue detenido en el departamento de Antioquia, pero también con la incorporación de exguerrilleros, también llamados excombatientes.

Diferentes escoltas agremiados en la UNP, Unidad Nacional de Protección mantienen un profundo desacuerdo con lo que se está viviendo actualmente, y tiene que ver con que los perfiles exigidos para el cargo de oficial de protección se han flexibilizado, por ello se ha permitido el ingreso a la entidad de exguerrilleros, y también porque la operación del servicio podría verse afectada con la finalización de los contratos.

Frente a la sede de la UNP en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, una manifestación de funcionarios y escoltas de la entidad a nivel nacional pretende que se den explicaciones sobre el proceso de revisión de 6.000 cargos de planta y que se garantice la continuidad laboral del personal de seguridad. 

No hay exigencias

Los reclamos se centran en diferentes modificaciones normativas aplicadas al perfil de los aspirantes a los cargos de oficial de protección en la entidad, en vista de que cambios en las exigencias académicas dejan que la escogencia de los escoltas no se someta a una regla fija, sino al juicio de quienes toman las decisiones.

Con el Decreto 0670 de 2026 se modificaron los requisitos para el cargo de oficial de protección, también llamado escolta, y cuando antes se requería un título de formación técnica profesional y dos años de experiencia relacionada con la nueva orden, solo basta con ser bachiller y acreditar seis meses en labores de protección.

Para Giovanni Gallo, representante de Analtraseg, el sindicato de la UNP, este proceso significa que se realizará en contratos a dedo, dejados listos por el gobierno Petro antes de su finalización, y con los cuales se busca beneficiar a desmovilizados de la guerrilla y allegados al director.

Persecución por denunciar

Por otra parte, Wilson Devia, representante de más de 3.000 agremiados que prestan servicios a la UNP y que, además, es miembro de planta de la UNP, asegura que el presidente Gustavo Petro lo acusa de ser de extrema derecha por denunciar que la UNP le entregó un contrato a un hombre en el Valle del Cauca que, presuntamente patrocinó su campaña en esta parte del país, pero que también lo hizo con la llamada primera línea.

“Yo no patrocino el estilo del Pacto Histórico. Esto ha sido una cruz dentro de la unidad en estos 4 años y, ya que están de salida, arremetieron con más fuerza frente a la protesta pacífica que estamos realizando. Porque es una protesta en donde estamos exigiendo transparencia, igualdad, equidad, y en efecto, que no metan más guerrilleros al interior de la Unidad Nacional de Protección, ni más delincuentes y que la Unidad sea transparente”, indicó Wilson Devia.

Desde la UNP se asegura que la entidad entró en un proceso de formalización laboral y también que la reducción de 10 zonas a solo 1 o 2 se debe a la disponibilidad parcial de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, fue necesaria la contratación de servicios de protección por más de 78.000 millones de pesos, evitando así demoras en el flujo de dinero por factores como restricción fiscal y la no aprobación de la reforma tributaria.