Corte ordena confiscación de tierras reclamadas por desplazados

La decisión se derivó de una tutela o recurso constitucional de amparo promovido por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), que reúne a los desplazados de la hacienda Las Pavas, nombre de dichos predios, ahora en manos de palmicultores.

En la Asocab están representadas unas 120 familias, conformadas por cerca de 600 personas, que ocupaban Las Pavas desde 1987 y que hace ocho años fueron desalojadas por un grupo paramilitar.

Las tierras, de unas 3.000 hectáreas y situadas en El Peñón, localidad del departamento caribeño de Bolívar, fueron propiedad de allegados al desaparecido capo del narcotráfico Pablo Escobar.

Una fuente de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del parlamentario Iván Cepeda, que ha acompañado a los campesinos desarraigados, explicó a Efe que la sentencia abre el camino para que dichas tierras entren en un proceso de confiscación plena por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Esta entidad estatal desistió de la causa confiscatoria de Las Pavas, cuya propiedad reclaman los empresarios José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (del Grupo familiar Daabon).

Los Dávila conforman una de las familias pudientes de la costa norte y otras regiones del país que recibieron de manera irregular millonarios subsidios no reembolsables del desaparecido programa Agro Ingreso Seguro (AIS), creado por el Ministerio de Agricultura.

El programa desató un escándalo que tiene ante la justicia a dos antiguos titulares de ese ministerio, a varios exfuncionarios de la misma dependencia y a quienes recibieron las ayudas, entre las cuales están miembros de la familia Vives Lacouture, dos reinas de belleza, un comisionista de bolsa y allegados a políticos.

La fuente del grupo asesor de Cepeda, representante a la Cámara por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), destacó que la eventual confiscación estatal de Las Pavas es fundamental para que las tenencia de las tierras sea revertida en favor de los desplazados.

Los campesinos iniciaron a comienzos del pasado abril un proceso de retorno a estas tierras, lo que ha sido rechazado por quienes se consideran sus dueños, mediante denuncias judiciales por delitos como calumnia y ocupación ilegal de tierras.

Hace tres semanas, Cepeda denunció que con estas demandas se pone en riesgo a los líderes de los campesinos que reclaman tierras en Colombia, país en el que han sido asesinados casi medio centenar de ellos desde 2002.

En su fallo, la Corte aclaró que no puede ordenar la entrega de tierras a desplazados, pero sí ordenarle al Incoder que retome el proceso legal de "extinción de dominio" (confiscación plena por el Estado) de Las Pavas. EFE