Nefasta lucha antiterrorista afectó a Colombia

Con ocasión del décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se refirió, entre otras consecuencias, a la creación en Colombia de "redes de informadores" con las que el Gobierno "involucró a la población civil en el conflicto armado", en "grave violación del derecho internacional humanitario".

La ley de Justicia y Paz preveía la desmovilización paramilitar, pero, según la FIDH, sólo el 2 % de los desmovilizados fueron juzgados por los delitos cometidos, de modo que no sólo no neutralizó dichos grupos, sino que "se volvieron más influyentes en las esferas del Gobierno".

Además, 23 dirigentes paramilitares, autores en Colombia de masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, desplazamientos forzados y otros delitos, fueron extraditados a EEUU, donde eran perseguidos por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

Ello "impidió su condena en Colombia y violó el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", resaltó.

Además, los dos mandatos del expresidente colombiano Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, "estuvieron marcados por más de 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales".

Fueron los llamados "falsos-positivos", civiles asesinados por el Ejército y presentados como "guerrilleros caídos en combate" para poder cobrar las recompensas prometidas por el Gobierno en su lucha contra los grupos armados irregulares, indicó.

"En nombre de la lucha contra el terrorismo, la tesis que habilitaba al Estado a infringir la ley para combatirlo fue ganando terreno", resumió la Federación.

El agravamiento de las exacciones, señaló, comenzó a partir del mismo otoño de 2001, cuando el apoyo financiero estadounidense a Colombia, destinado hasta entonces a combatir el narcotráfico, pasó a financiar la lucha contra el terrorismo.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares fueron incluidos en la lista de grupos terroristas a partir de octubre de 2001 y luego Uribe puso en práctica la llamada política de «seguridad democrática».

El objetivo era "asegurar nuevamente el control territorial y el fortalecimiento del Estado" por medio, principalmente, de un notable aumento del presupuesto dedicado a la defensa, que era un 5,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2004 y en 2010 había aumentado hasta el 13,9 %, resaltó la FIDH.

Añadió que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia directamente vinculado al poder ejecutivo, "dio rienda suelta, a través del grupo de inteligencia estratégica 'G3', a toda una serie de actividades ilegales".

Así, precisó, se sucedieron interceptaciones telefónicas, amenazas y atentados contra unas 600 personas, "en su mayor parte defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos y sindicales, miembros de la oposición e incluso magistrados".

Destacó que en la actualidad tanto Uribe como ciertos responsables de las altas esferas del DAS son objeto de acciones judiciales para determinar sus responsabilidades en numerosos delitos.

La FIDH tomó el caso de Colombia para ilustrar lo ocurrido en Latinoamérica al cumplirse diez años del 11-S, cuando en aras de la lucha antiterrorista se propagaron "políticas liberticidas" en numerosos países y se produjo un progresivo y devastador abandono "de los valores esenciales de la humanidad". EFE