La Ley de Derecho al Voto, entre el legado histórico y las amenazas del presente

Considerada una de las conquistas más importantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la Ley de Derecho al Voto de 1965 marcó un antes y un después en la historia política del país. Su propósito fue acabar con las barreras legales y administrativas que, durante décadas, habían impedido a millones de ciudadanos negros ejercer su derecho a votar.

El Congreso la aprobó para hacer cumplir la Decimoquinta Enmienda de la Constitución, que prohíbe negar el voto por motivos de raza. En esencia, esta ley abrió las puertas de la participación política a comunidades afroamericanas y otras minorías que habían sido sistemáticamente excluidas.

Uno de sus pilares fue la Sección 5, que obligaba a los estados con antecedentes de discriminación a solicitar la aprobación del Departamento de Justicia o de un tribunal federal antes de modificar cualquier norma electoral. Este mecanismo, conocido como “aprobación previa”, buscaba prevenir maniobras que limitaran el voto de las minorías. La Sección 2, por su parte, permitía demandar leyes o procedimientos discriminatorios, ya fuera de forma individual o con el respaldo del gobierno federal. Sin embargo, en los últimos años, varias decisiones de la Corte Suprema han debilitado estas protecciones.

Historia del nacimiento de la ley

La ley de Derecho al Voto nació tras un episodio que conmocionó al país. En marzo de 1965, una marcha pacífica en Selma, Alabama, fue brutalmente reprimida por la policía en el puente Edmund Pettus. Las imágenes del ataque, transmitidas por televisión, generaron indignación nacional y empujaron al presidente Lyndon B. Johnson a impulsar una respuesta contundente: la promulgación de la Ley de Derecho al Voto.

Hasta entonces, muchos estados del sur utilizaban estrategias como los impuestos al voto o las pruebas de alfabetismo para impedir que los ciudadanos negros se registraran. La ley eliminó estos mecanismos y logró un cambio tangible: en menos de una década, la brecha entre votantes blancos y negros se redujo de casi 30 puntos a apenas ocho. Su efectividad fue tal que el Congreso la renovó en varias ocasiones, la más reciente en 2006, con apoyo bipartidista y aprobación unánime en el Senado.

Aun así, el panorama cambió en 2013 con el fallo Shelby County v. Holder, que eliminó el requisito de aprobación previa. Desde entonces, varios estados implementaron nuevas reglas que dificultan el acceso al voto, como reducciones en los lugares de votación o requisitos más estrictos de identificación. Estudios del Brennan Center for Justice demostraron que la brecha