Asamblea de Gobiernos Regionales de Perú solicita derogar polémicos decretos
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú solicitó hoy la derogación de los dos decretos de urgencia que exoneran a 33 grandes proyectos de la necesidad de presentar informes ambientales previos para ganar la concesión.
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La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú solicitó hoy la derogación de los dos decretos de urgencia que exoneran a 33 grandes proyectos de la necesidad de presentar informes ambientales previos para ganar la concesión.
Según anunció el presidente de la ANGR, también presidente de la Región de Junín, Vladimir Cerrón, la posición contraria a los decretos se tomó durante una sesión ordinaria de dicho organismo y al considerar que las normas promulgadas por el Ejecutivo vulneran la defensa del medio ambiente y la integridad territorial.
"Se trata de normas que afectan a las diferentes comunidades de todo el país. Se quiere poner en manos de trasnacionales proyectos estratégicos, los cuales afrontan conflictos sociales. Además se está excluyendo de toda opinión a los Gobiernos Regionales", señaló en una nota de prensa Cerrón.
La decisión tomada por la ANGR será ahora derivada a los presidentes de las diferentes regiones para que se adhieran a la solicitud.
El presidente de la Región Lima, Javier Alvarado, consideró que los decretos de urgencia, además de vulnerar la autonomía de los gobiernos regionales, son ambiguos.
"Uno de los casos puntuales tiene que ver que estos decretos se refieren a la concesión de centros penitenciarios, pero no especifican si es en la construcción o en la administración", señaló Alvarado.
Por su parte, el presidente de la Región Apurimac, Elías Segovia, calificó las normas como indignantes y advirtió que atentan contra la integridad del país.
"Quieren entregar la navegabilidad del río Amazonas a una concesionaria que determinará quienes podrán transitar por éste. Tengo la impresión que quieren vender al país. Por estas razones hemos acordado pronunciarnos por la derogatoria de estos decretos de urgencia", afirmó Segovia.
Pese a estas afirmaciones, Cerrón añadió que dejan la puerta abierta a la negociación con el Gobierno Central, respondiendo así al anuncio realizado ayer por la ministra de Justicia, Rosario Ferández, quien señaló que convocaría a los presidentes regionales para tratar el tema.
Desde que los dos decretos fueron publicados por el Ejecutivo a finales de enero pasado, las voces críticas se han multiplicados desde el sector político, organizaciones de indígenas y de defensa del medio ambiente, e incluso la Iglesia Católica.
Las normas permiten que 33 grandes proyectos del actual Gobierno puedan darse en concesión sin la presentación previa de un informe ambiental, que deberá presentarse más tarde. EFE
"Se trata de normas que afectan a las diferentes comunidades de todo el país. Se quiere poner en manos de trasnacionales proyectos estratégicos, los cuales afrontan conflictos sociales. Además se está excluyendo de toda opinión a los Gobiernos Regionales", señaló en una nota de prensa Cerrón.
La decisión tomada por la ANGR será ahora derivada a los presidentes de las diferentes regiones para que se adhieran a la solicitud.
El presidente de la Región Lima, Javier Alvarado, consideró que los decretos de urgencia, además de vulnerar la autonomía de los gobiernos regionales, son ambiguos.
"Uno de los casos puntuales tiene que ver que estos decretos se refieren a la concesión de centros penitenciarios, pero no especifican si es en la construcción o en la administración", señaló Alvarado.
Por su parte, el presidente de la Región Apurimac, Elías Segovia, calificó las normas como indignantes y advirtió que atentan contra la integridad del país.
"Quieren entregar la navegabilidad del río Amazonas a una concesionaria que determinará quienes podrán transitar por éste. Tengo la impresión que quieren vender al país. Por estas razones hemos acordado pronunciarnos por la derogatoria de estos decretos de urgencia", afirmó Segovia.
Pese a estas afirmaciones, Cerrón añadió que dejan la puerta abierta a la negociación con el Gobierno Central, respondiendo así al anuncio realizado ayer por la ministra de Justicia, Rosario Ferández, quien señaló que convocaría a los presidentes regionales para tratar el tema.
Desde que los dos decretos fueron publicados por el Ejecutivo a finales de enero pasado, las voces críticas se han multiplicados desde el sector político, organizaciones de indígenas y de defensa del medio ambiente, e incluso la Iglesia Católica.
Las normas permiten que 33 grandes proyectos del actual Gobierno puedan darse en concesión sin la presentación previa de un informe ambiental, que deberá presentarse más tarde. EFE