Víctimas piden "hechos de paz" a Gobierno y FARC en última visita

"La guerra debería terminar lo antes posible y debería haber un cese el fuego bilateral, ya que generaría cierto consenso en el país para avanzar a un horizonte de paz", afirmó en rueda de prensa Camilo Villa, senador que perdió a su padre, un abogado defensor de los derechos humanos, asesinado por paramilitares en 1992.

Villa, que actuó de portavoz del grupo de víctimas, señaló que son necesarios "actos humanitarios" de las partes que conduzcan al "desescalamiento" o reducción de la intensidad del conflicto, asunto que en teoría iba a centrar este ciclo de conversaciones, el primero tras la suspensión de los diálogos de paz, aunque todavía las partes no han hecho ningún pronunciamiento al respecto.

El miembro de la delegación de las FARC "Pablo Catatumbo" (Jorge Torres Victoria) indicó hoy a los medios que la guerrilla "estudia la posibilidad" de decretar un cese el fuego en las fiestas navideñas, como ha hecho años atrás, un anuncio que podría concretarse mañana, en la clausura del ciclo, el último del año.

El grupo de víctimas, en un comunicado conjunto, expresó la necesidad de promover "un cambio de mentalidad" basado en una "pedagogía de paz con justicia social" que involucre a todos los colombianos, incluso a los escépticos con el proceso.

"Pensamos que el proceso de paz es la única salida a la guerra que hemos vivido y es importante que arranque un ejercicio grande de pedagogía, que permita a los colombianos informarse del alcance de los acuerdos", indicó Villa.

Por ello, el colectivo de víctimas se comprometió, en un comunicado conjunto, a "impulsar y apoyar" la refrendación de los acuerdos entre la sociedad colombiana, además de aportar con sus testimonios a la "reconstrucción de la memoria histórica".

"Necesitamos una verdad histórica sobre causas y responsables de esta guerra para encontrar caminos que permitan dar paso a la reconciliación y las garantías de no repetición", afirman.

La comitiva de doce víctimas que compareció hoy en la mesa de negociación de La Habana estuvo compuesta por seis hombres y seis mujeres, con representantes del sector empresarial, el sindical y el religioso, así como de las comunidades afrodescendientes.

La presencia que ha generado más polémica y revuelo mediático ha sido la de la exsenadora Piedad Córdoba, secuestrada por paramilitares en 1999 e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos por tener contactos con la guerrilla de las FARC.

Pese a la expectación, Córdoba no intervino en la rueda de prensa de las víctimas, ni siquiera para responder a las preguntas concretas sobre su presencia en La Habana, criticada por algunos sectores en Colombia que cuestionan su condición de víctima.

"Está cerca la paz, ahora más que nunca", fueron las únicas palabras que pronunció al abandonar la sala.

Entre las víctimas de las FARC destacan los casos de María Susana Portela, actual alcaldesa de Florencia (Caquetá), que en 2002 recibió siete impactos de bala en un atentado de la guerrilla que le obligó a pasar dos años en silla de ruedas; o el del cabo del Ejército, Juan Manuel Hernández, que perdió un ojo por el impacto de un coche bomba en San Vicente del Cagüán (Caquetá).

Además, la afrocolombina Francia Márquez relató ante la mesa la crueldad de la masacre de Nayá (2001) donde murieron 200 personas a manos de paramilitares; o el sindicalista Domingo Tovar Arrieta contó su experiencia como víctima de amenazas de diversos grupos armados y desplazamiento forzoso.

"A pesar de la heterogeneidad, las víctimas presentaron muchas demandas en común, porque el dolor une a las víctimas (...), que han dado sus testimonios como pruebas de entereza, valentía y dignidad", manifestaron en un comunicado la ONU, Conferencia Episcopal y Universidad Nacional de Colombia, que se han ocupado de seleccionar a las 60 víctimas que en total han viajado a La Habana.

Todas las partes implicadas en el proceso de paz han coincidido en afirmar que la presencia de víctimas en la mesa de negociación es un hecho histórico, que da garantías para la reparación de los más de 6,5 millones de víctimas que han dejado cinco décadas de violencia en el país.

Sara Gómez Armas

EFE