Partido Comunes radica proyecto para legalizar la prostitución en Colombia

Una propuesta del Partido Comunes, hasta hace poco conocido como Farc, ha generado polémica porque tiene como objeto regular la prostitución en Colombia considerando que es un trabajo.

Esta propuesta para legalizar el llamado ´oficio más antiguo del mundo’ tiene detractores y también adeptos, por un lado, grupos feministas y ortodoxos se oponen considerando que esclaviza el cuerpo de las mujeres, mientras que otros se adhieren al proyecto porque significa evitar la violación de los derechos humanos de quienes deciden libremente ejercer esta práctica.

Con la radicación del proyecto por parte del partido Comunes se busca por parte de esta colectividad que se legalicen y formalicen todas las formas de trabajo sexual como los tradicionales servicios sexuales en locales destinados para ello, las acompañantes o scorts, la pornografía y el modelaje webcam.

8 horas diarias de trabajo

La base del proyecto es que los establecimientos que ofrezcan los servicios sexuales sean los patrones con quienes ejerzan la prostitución, las o los trabajadores deben recibir todos los beneficios de ley, contrato, horario laboral de 8 horas diarias, seguridad social, vacaciones, licencias de maternidad, de luto, prima de servicios y todo lo relacionado con la ley.

Para la conformación del proyecto, la bancada de Comunes se reunió con diferentes colectivos y oenegés de trabajadoras sexuales que desde hace varios años están tratando de legalizar el trabajo sexual, y ahora con el proyecto que ayudaron a construir esperan que lo que han añorado sea una realidad.

Colectivos como Astrasex, Putamente poderosas o Calle Siete en conversación con el diario El País en su edición colombiana esperan que exista una política pública para las trabajadores sexuales independientes, mientras que para las trabajadoras dependientes de un establecimiento, plantean que se haga un contrato a término indefinido.

Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes ha sido la abanderada de este proyecto que es justificado como una defensa de los derechos de la clase trabajadora y ven en el trabajo sexual una labor equiparable a cualquier otra que está amparada en la legalidad.

“Como cualquier otro trabajador y trabajadora, quienes ejercen este trabajo tienen tratados con dignidad y respeto”, afirmó la senadora Sandra Hernández.

Este proyecto contempla que siempre se exija el uso de preservativo y que los clientes y las trabajadoras y trabajadores sexuales tengan una revisión médica periódica, aquellos usuarios que no cumplan con el uso del profiláctico estarían violando normas del Código de Policía.

Algunas víctimas de las Farc criticaron el proyecto y consideran que es una revictimización para quienes fueron atacadas sexualmente por miembros de la antigua guerrilla.

Dentro del Gobierno Nacional se tiene contemplada la discusión de la actividad sexual pagada en el Ministerio de la Igualdad y Equidad, se pretende la creación de rutas de atención para la garantía de los derechos de las mujeres en actividades sexuales pagas.