Ley antimigrante SB4 en Texas: Corte Suprema suspende temporalmente ley que autoriza a policías detener y expulsar a migrantes

La inmigración ilegal en los Estados Unidos ha llegado a límites históricos, pero la falta de efectividad en la forma en la que se enfrenta el problema se ha convertido en un problema de seguridad nacional y, según una encuesta, es el primer problema del país para sus habitantes.

Los migrantes irregulares en los estados fronterizos con México, Arizona, California, Nuevo México y Texas, se han visto como el principal objetivo de las autoridades, pero también es el principal tema de discusión en la campaña electoral que tendrá comicios presidenciales en noviembre de 2024 y que parece tener a Joe Biden y Donald Trump nuevamente enfrentados.

La entrada en vigor de una controvertida ley que permitía a las autoridades en el estado de Texas a detener a personas sospechosas de ser migrantes ilegales, más conocida como Ley SB-4, fue suspendida temporalmente para entrar en ejecución debido a que estaba planeada para el martes 5 de marzo.

Esta ley apoyada por el gobernador Greg Abbott, un republicano perteneciente al ala más conservadora del partido, permitiría que un indocumentado fuera detenido y expulsado del territorio texano, pero si reincidía, sería condenado a prisión.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Samuel Alito, dio respuesta a una solicitud de emergencia presentada por el gobierno de Joe Biden, que se encuentra en contra de que los estados promuevan leyes que dejan sin efectividad el trabajo de las autoridades federales en la frontera, lo que ha motivado enfrentamientos entre Gobierno y autoridades estatales.

La decisión de Alito se presenta luego de que un magistrado federal de Texas aplazara el inicio de la ley SB-4 argumentando que dicha ley es inconstitucional porque las autoridades locales no tienen jurisdicción para tomar medidas en materia migratoria del gobierno federal.

La pelea por aprobar la ley entre autoridades estatales y federales se mantiene, pero hasta el 13 de marzo se decidirá cuáles son los pasos a seguir frente al asunto, pues a pesar de su aplazamiento, la ley no ha quedado sin argumentos.

La ley SB-4 pretende que la inmigración ilegal sea considerada como un delito federal menor y que quienes sean detenidos opten por retornar a sus lugares de origen, pero en caso de reincidencia se puedan otorgar penas de cárcel de hasta 20 años.