Cruce de personas sin documentación por frontera de Arizona podría ser considerado como delito estatal

Arizona continúa con su empeño en crear una barrera legal más fuerte para enfrentar la inmigración ilegal en su territorio, hace unos días una decisión obliga a que sea necesario presentar un certificado de ciudadanía al momento de votar, y pese a que la medida fue considerada como xenófoba, varios grupos civiles de latinos esperan que la rigidez de la misma no sea aplicada.

Ante diferentes comités de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos fueron presentadas varias propuestas que endurecerían las políticas para los migrantes del estado de Arizona, pues sus promotores consideran que las políticas de la administración de Joe Biden no han logrado enfrentar adecuadamente la problemática de los migrantes en los estados limítrofes.

Hace poco más de una década se trata de enfrentar el problema de la migración permitiéndole a las autoridades solicitar documentos a quienes consideren migrantes ilegales, la ley que ampara esto es la SB 1070, no obstante, esta determinación no terminó de caer bien en la población migrante, pero también en algunos círculos económicos del estado que demandan trabajadores venidos del otro lado de la frontera.

La pelea entra autoridades federales y estatales se ha desatado en las últimas semanas, porque desde la Casa Blanca se considera inconstitucional que sean los estados los que deroguen leyes para tratar el asunto de la inmigración ilegal, ejemplo de ellos es la ley SB-4 en Texas que considera delito que un inmigrante ilegal sea detenido al otro lado de la frontera, sin embargo, la ley fue frenada, pero sus promotores insisten en diferentes instancias legales para que no sea hundida totalmente.

Los proyectos de ley SB 1231 y SB 2821 pretenden convertir en delito estatal que personas indocumentadas se encuentren en territorio del estado de Arizona, esto daría herramientas para que sean detenidos y deportados, y al igual que en la ley SB4 de Texas, pagar penas de cárcel si reinciden.

De prosperar esta ley, ya no serían los agentes federales los unidos permitidos para detener migrantes ilegales, sino que agentes locales y estatales podrían encargarse de esa misión.

Como ha sabido acontecer con otras decisiones legales, este proyecto de ley es considerado xenófobo y violatorio de las libertades civiles por parte de organizaciones de latinos residentes en Arizona y estados de frontera con México, especialmente porque se producen en momentos de campaña presidencial y continúa siendo el tema más importante de discusión en esta etapa proselitista en los Estados Unidos.