La DIAN habría embargado a Aída Victoria Merlano: Esto contó la influencer

Aida Victoria Merlano, conocida por su labor como creadora de contenido, ha compartido a través de su perfil en Instagram un sorprendente suceso legal que la ha afectado profundamente.

Según relata, apenas unos días después de que su condena fuera aumentada por la justicia colombiana a casi 14 años de prisión por su participación en la fuga de su madre, Aída Merlano Rebolledo, una excongresista condenada por corrupción, se encontró con la noticia de que la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) había embargado sus cuentas bancarias.

Este hecho, que ella considera un golpe inesperado, se suma a los problemas legales que ya enfrentaba, relacionados con presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por los cuales se espera que enfrente un juicio en un futuro cercano.

La joven influencer compartió en detalle la secuencia de eventos que la llevó a descubrir el embargo. El viernes 22 de marzo, recibió un pago en su cuenta bancaria proveniente de Facebook, el cual desapareció repentinamente sin previo aviso.

Al contactar con su banco, le informaron que había sido objeto de un embargo por parte de la DIAN en Barranquilla, supuestamente debido a una deuda pendiente que ella desconocía por completo. A pesar de haber consultado con su equipo legal, quienes le aseguraron que todas sus cuentas estaban en orden y al día con sus obligaciones tributarias, se encontró con la sorpresiva medida.

Además de compartir su desconcierto por la situación, Aida Victoria Merlano expresó su frustración y sarcasmo al respecto en su historia de Instagram, señalando la coincidencia entre el incremento de su condena y el embargo, sugiriendo una conexión causal entre ambos eventos. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre el requerimiento judicial.

Este episodio se suma a los problemas legales preexistentes de Merlano, quien también enfrenta acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía planea imputarle estos delitos, basándose en la presunta incapacidad de justificar el origen de varios bienes registrados a su nombre.

Se la acusa de haber colaborado en la ocultación de bienes obtenidos ilegalmente por su madre, incluyendo la creación de una empresa ficticia que habría sido utilizada para canalizar fondos ilícitos durante la campaña electoral de la excongresista, alcanzando un patrimonio de 3.200 millones de pesos.

Aunque una audiencia programada para el pasado 7 de septiembre fue aplazada, la Fiscalía sigue adelante con sus diligencias para llevar a cabo el juicio correspondiente.