La Junta Suprema de Gobierno era la máxima autoridad encargada de los asuntos de Gobierno de la Nueva Granada en 1810, a la que le correspondía citar a sesión del Congreso cuando lo juzgara conveniente.

La primera vez que la Junta citó a un Congreso, fue el 29 de julio de 1810 con el fin de precisar en dos aspectos, solucionar el problema de la autoridad política y crear la constitución, condición que había quedado estipulada en el Acta de Independencia. Sin embargo no hubo el quorúm suficiente, sólo se presentaron 6 representantes de un total de 15 provincias.

En esta ocasión sobresalió entonces, el regionalismo que impulsaba a las juntas de los diferentes distritos que se sentían aislados geográfica y políticamente.

El descenso en la industria de la minería, reorganizar las finanzas, el sistema tributario, desarrollar la agricultura y la ganadería, eran algunos de los asuntos que se debía atender en ese entonces.

A su vez se integraron los estados, al ser eliminada la autoridad de España, de manera que Santa Marta y Popayán decidieron seguir fieles al rey Fernando VII, mientras que Cartagena, Santafé, Tunja y Antioquia, optaron por la independencia absoluta.

El siguiente intento en el que se reunió un segundo Congreso fue a finales de 1810, cuando se concretó la Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, a la cual se inscribieron Chiquinquirá, Muzo, Sogamoso, Villa de Leyva (todos estos 4 en Boyacá), Vélez y Girón (ambos en Santander), Timaná (Huila) y Purificación (Tolima). En noviembre, nuevas provincias se sumaron al grupo como Neiva, Cartagena, Pamplona y Tunja. Se abstuvieron de ello, Cundinamarca y Chocó.

Escenario actual

Hoy en día, el organismo que gobierna en materia legislativa es el Congreso. Este órgano que incluye Senado y Cámara está integrado por 102 senadores, de los cuales 100 son elegidos por circunscripción nacional y 2 por circunscripción nacional especial. En tanto que la Cámara la conforman 161 representantes por circunscripción territorial, 2 por las comunidades negras, 1 por las comunidades indígenas, 1 por las minorías políticas y 1 en representación de los colombianos en el exterior.

Le corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el Gobierno y la administración.

Cada 4 años se renueva el parlamento que concluyó su período legislativo el 20 de junio e inicia uno nuevo, este 20 de julio con los congresistas que resultaron elegidos en los comicios del 10 de marzo.

Se escogió el 20 de julio como fecha de posesión del Congreso por ser un día histórico y que por su carácter alegórico se convierte en un hecho simbólico, según señala el ex senador de filiación liberal, Amilkar Acosta.

Ese día, por lo tanto se realiza una ceremonia que inicia con una sesión preparatoria, en la cual el Congreso se reúne en pleno. Este es uno de los elementos que precisamente destaca el senador electo Álvaro Araujo, teniendo en cuenta que esto se da sólo en contadas ocasiones y que adquiere aún una mayor connotación cuando se trata de la instalación de los cuatro años del período del Congreso.

Los "pendientes" del Congreso

Se sigue además, un orden del día, se prosigue a hacer la verificación del quorúm en ambas cámaras, (Senado y Cámara) y se prosigue a designar una comisión que se dirige a Palacio a informarle al Presidente que ya el Congreso está en pleno, la cual vuelve de regreso en compañía del mandatario.

Finalmente, se elige al Presidente, primer vicepresidente el segundo y el secretario general de la respectiva corporación.

Varios son los asuntos "gruesos" que quedaron pendientes en la legislatura pasada. Entre ellos, se encuentran Reforma política tributaria, la pensional y la política.

"Todos los temas que tiene que abocar el Congreso son temas gordos, de éstos algunos hacen parte de los quedaron del anterior periodo legislativo, como el proyecto de ley de responsabilidad fiscal y otro, que viene transito y que muy seguramente va a ser controvertido es el que tiene que ver con el régimen pensional. También está la Reforma política", comenta Acosta.

Para Araujo, por su parte el primer tema de la agenda es el de la seguridad, "vinculado con la manera como el Gobierno va a manejar la defensa en contra de las agresiones de los grupos armados y cómo se va a combinar ese uso de la Fuerza institucional con propuestas de negociación, que nunca habían salido del horizonte del Congreso".

En segunda medida, considera que se debería discutir el tema de la reforma política, contemplando dentro del mismo una reorganización o reformulación del sistema electoral nacional, actualmente colapsado, puntualiza. También están el problema agrario, el tarifario y la dificultad del sistema eléctrico nacional.