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LAS PRIORIDADES EN EL TERRENO POLÍTICO

El balance en lucha contra la corrupción

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La estrategia que más ha llamado la atención de los colombianos en lo referente a la lucha contra la corrupción es la Meritocracia.

La meritocracia, consiste en una convocatoria pública a través de la cual se eligieron 119 nuevos directivos regionales de entidades como el Ministerio de Trabajo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

"Elegimos a sus gerentes en un proceso abierto al que se presentaron más de 30 mil personas. Es un proceso novedoso que hay que fortalecer, pero Colombia sabe que hoy hay 119 gerentes regionales del Icbf, del Sena, del ISS y de las regionales del antiguo Ministerio de Trabajo que tienen la obligación de servirle al ciudadano y no a la clientelismo político, como antes sucedía. Es más, funcionario que no cumpla esa orden, se va", expresó el vicepresidente de la República, Francisco Santos, responsable de supervisar la ejecución de este proceso, al referirse a los resultados obtenidos hasta el momento durante el Primer Consejo Público de Ministros.

Precisamente y debido a la aceptación, más organismos decidieron implementar la iniciativa como el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) y el Banco Agrario. El Gobierno anunció a su vez, que extendió el programa a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A (Findeter) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Otra de las medidas tomadas por el Gobierno, para combatir la corrupción fueron la expedición del decreto 2170, la directiva presidencial número 12 y se está trabajando en la reforma a la Ley 80 de contratación.

Para Santos, con ello la lucha se ha centrado en principios como la transparencia y la participación activa de la ciudadanía en estos procesos.

Asimismo, el vicepresidente de la República, resaltó que en sobrecostos de lo que compra el Estado, los colombianos pierden $2 billones; en desvíos presupuestales, $4 billones; en evasión y elusión de impuestos, $6 billones y en evasión y elusión al régimen contributivo de salud, otros $2 y medio billones. Esto que sumado da un total de $14 y medio billones, equivale al valor para tapar el déficit fiscal.

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